Los resultados de la Prueba de Selección Universitaria han puesto el tema de la educación en un plano aún más relevante del que ha venido mostrando en los últimos meses, posiblemente por las razones equivocadas, como lo injusto de sus resultados, que parecen castigar a los jóvenes provenientes de los colegios más vulnerables y por mostrar una correlación casi perfecta entre puntajes  y dinero.

Desde diversos ángulos se reclama su sustitución, o cambio, como si la prueba fuera la responsable de los resultados, como si otra prueba de mejor diseño tuviera la posibilidad de corregir las asimetrías de los resultados, como si mediante un cambio en la prueba, se pudiera nivelar el conocimiento de los estudiantes al finalizar la enseñanza media. Como si fuera posible bajar la fiebre cambiando la sensibilidad del termómetro.

Son, por otra parte, innegables los logros  de  Chile en el ámbito de la educación en los últimos años,  en aspectos estructurantes, como destinar un 6,1% de su Producto Interno Bruto a los niveles de educación escolar y superior, mientras que el promedio de los países OCDE asigna un 5,3%. El resultado de estas políticas es notable, ha logrado, como ningún otro país de América Latina, mejorar sus tasa de cobertura. En el período 1990-2017 se ha quintuplicado el número de alumnos pasando de 258.790 a 1.247.135 estudiantes, de la misma manera se ha incrementado el porcentaje de alumnos en la educación técnica y profesional no universitaria, que muestra un aumento del 32% de la matrícula total en 2007 a un 42% en 2016.

Hay otros datos menos auspiciosos, asociados a género y a la condición socioeconómica,  las mujeres entre 35 y 44 años, con educación superior completa, ganan aproximadamente un 70% del ingreso que obtienen  los hombres con las mismas características de empleo. En nuestro país, un estudiante que nació en un hogar de bajos recursos tiene seis veces más probabilidades de tener bajo rendimiento escolar. El aporte que las familias entregan a la educación básica y media alcanza el 17%, mientras que el promedio de la OCDE es de 9%.

Si bien es cierto las cifras de cobertura son positivas y satisfactorias, se mantiene el factor que detecta cada año la PSU; la deuda en términos de calidad del sistema, que determina que a las instituciones de educación superior ingresen estudiantes con muy disímiles niveles de competencias, sin dejar de lado el hecho que muchos de ellos, por parecidas razones, ni siquiera tuvieron la oportunidad de ingresar.

Es también verdad, que hay otros factores involucrados, algunos empiezan a ser adecuadamente atendidos, como la calidad del profesorado y el avance en infraestructura y medios para la enseñanza, otros resultan difícilmente corregibles en el mediano plazo; el entorno socioeconómico y cultural de cada estudiante, que solo puede alcanzar simetrías con el acortamiento de las grandes brechas que existen en esa variable de fundamental impacto.

Volver sobre el tema de la justicia de la PSU, es simplificar un problema conformado por un multiplicidad de circunstancias, concatenadas y dependientes, se puede buscar ajustes en la prueba, pero no hay prueba alguna que provea a los postulantes de las herramientas que no tiene, que asegure que todos tienen las capacidades para enfrentar desafíos de mayor  complejidad, falta, en pocas palabras, nivelar hacia arriba.