Para sorpresa del ciudadano común, esta vez la amenaza de paro de los empleados públicos, una suerte de ritual que por lo general resulta en largas y complejas negociaciones, de pronto, súbitamente, se deshizo sin ruido y prontamente, las páginas de los medios mostraron imágenes inusuales, de la presidenta de la CUT y el ministro de Hacienda con amplias y satisfechas sonrisas, a pesar que el reajuste concedido, 2,5%, era una fracción del 6% que exigían estos funcionarios.

Hay instancias que tales demostraciones de satisfacción resultan insólitas, por lo cual requieren una explicación y ésta podría servir para entender la realidad de lo sucedido. Esta vez, la satisfacción de los dirigentes gremiales, conocidos por su dureza, se debió a arreglos que no aparecen tan transparentes como las cifras de porcentajes del IPC, en este caso los bonos y regalías aparejados a la oferta del Gobierno.

El año pasado en esta parte de la negociación, el 49% del aumento de los recursos se destinaron a bonos y regalías , adicionales al sueldo resultante del reajuste. En la negociación recién terminada, este ítem subió a un 59%, lo representa un costo de muchos millones adicionales.

Se ha descrito este resultado como la letra chica del acuerdo, la parte más transparente es el austero aumento correspondiente un reajuste según IPC DE 2.5%, inferior al 3,2% del año pasado, la no tan transparente, es el costo de los otros beneficios. En términos comparativos el aumento de sueldos que gestionó el ministro Rodrigo Valdés el año pasado, tuvo un costo de US$1.560 millones y la negociación del ministro Eyzaguirre puso sobre la mesa US$1.610 millones.

Es explicable la satisfacción de los dirigentes gremiales de los trabajadores del Estado y es justo que los trabajadores reciban un adecuada remuneración, pero al mismo tiempo es muy necesario dejar en claro los criterios y los montos involucrados, toda vez que tradicionalmente el reajuste al sector público resulta ser un referente para las expectativas de todo el mundo laboral chileno.

La resolución de este potencial conflicto consistió en un incremento importante del bono “término de conflicto”, que aumenta de los $58 mil millones del año pasado, a $131 mil millones; el de vacaciones, de $91 mil millones a $96 mil millones, de Fiestas Patrias, de $58 mil millones a $61 mil millones y de Navidad de $42 mil millones a $44 mil millones. También se incrementa el bono de escolaridad, los bonos de invierno y Navidad y Fiestas Patrias para los pensionados, bonificaciones extraordinarias para enfermeras y matronas, asignación de zona, desempeño laboral a asistentes de la educación y los aportes al servicio de bienestar.

Hay resguardos importantes, para los técnicos no parece apropiada una política de dar los beneficios a través de bonos, aguinaldos y otros, ya que además de perderse transparencia en la discusión, resulta en que gran parte del sueldo no es sueldo propiamente tal, sino otro tipo de regalías, no imponibles, y con una base inestable para mejoramientos con el paso del tiempo.

Con las características de la reforma laboral, el actuar del Gobierno en esta materia, deja en un escenario complejo para las negociaciones del mundo del trabajo, por una parte marca un piso bajo para el reajuste del IPC y abre una ventana imprecisa para bonos y regalías, cuyo monto resulta difícil de concordar.