Es posible que con tensa calma, 295.365 jóvenes chilenos esperen el resultado de la Prueba de Selección Universitaria (PSU), que se llevó a cabo a lo largo del país, 4.742 postulantes más que los que acudieron el año pasado a este desafío académico. A nivel nacional, muchos de los aspirantes opinaron que la prueba en cuestión había sido compleja, particularmente en matemáticas, incuso para aquellos que habían cursado estudios preuniversitarios para complementar su preparación.
Una vez más, como ha venido ocurriendo desde que fue utilizada por primera vez, la prueba sufre los embates de la crítica, por diversos aspectos, además de aquellos de su eventual complejidad, que se suman a numerosos antecedentes de análisis y debates sobre los problemas del sistema educacional de nuestro país, que en definitiva tratan de dilucidar qué es lo que en realidad revelan los datos estadísticos de las calificaciones, siendo el más aludido y recurrente las brechas socioeconómicas entre estudiantes, que a su vez revelan las desiguales oportunidades que existen a lo largo de su trayectoria formativa.
La PSU, en lo esencial, es un instrumento que permite medir la adquisición de conocimientos que constituyen la base para el aprendizaje en áreas profesionales tradicionales, que requieren de ellos, pero en grados incrementales de complejidad. Si bien es cierto no permite conocer de otras habilidades que también pueden resultar ser cruciales, como la llamadas habilidades blandas o los aspectos vocacionales, aun así las universidades se orientan en los resultados de la prueba para sus procesos de selección, dando esos aspectos por entendidos.
Como todo instrumento de esta naturaleza, la PSU ha de ser sometida a constante mejoramiento, o a su reemplazo por otro instrumento, se supone de mayor sensibilidad, pero ninguno puede conseguir eliminar la desigualdad de los examinados. Por mucho que se empodere la idea de la inclusión, en la práctica, parte de las becas, aportes fiscales y el mismo acceso a la gratuidad exigen un porcentaje de alumnos con 450 puntos PSU o más, un rendimiento que no alcanza más del 40% de los egresados de la educación municipal.
Lo que efectivamente sucede es que la PSU pone de relieve, tardíamente- cuando el proceso entero de la educación secundaria ha terminado-, que la formación de los estudiantes es disímil e insatisfactoria, que el instrumento ha sido calibrado para una realidad que no representa el producto mayoritario del proceso, por tanto la fase de entrada a la educación superior, muestra brechas que deberían haber sido corregidas mucho más temprano en el proceso educativo de los niños chilenos.
Se vuelve a establecer, necesariamente, que la descripción del problema es incorrecta, que no es la complejidades de la prueba, el mensajero falsamente culpable, sino la calidad de la educación precedente, la auténtica igualdad de oportunidades desde la base e inicio del proceso formativo, más las complejidades propias de una sociedad con significativos grados de inequidad que inciden profundamente en los aprendizajes.
En todas las instancias de medición de los procesos educativos surgen polémicas por la adecuación de la vara de medida, se ha logrado de este modo desviar el eje de la discusión; la calidad de la educación, una realidad compleja que requiere de estables y robustas políticas de Estado.