La aprobación de la ley de presupuesto para la República ha estado, en lo que a los medios se refiere, marcada por el financiamiento de los nuevos integrantes de un Parlamento de mayor tamaño, como resultado de la reforma del sistema binominal, cuyo gasto adicional fue descrito como de costo cero.
Por supuesto que esto es un punto menor en la subyacente presión desde todos o ángulos para el financiamiento de la administración del Estado, como muchos otros asuntos de esta naturaleza, es en este orden de decisiones donde se juega el destino del país, no solo para la marcha normal y cotidiana de la maquinaria estatal, sino para la proyección de su desarrollo, de algún modo traza la hoja de ruta, adivinable por las prioridades y los montos, que revelan la visión de país, no solo para el periodo contable, sino para la mirada a largo plazo, el equilibrio entre la óptica gerencial del balance anual positivo y el objetivo a largo plazo de los estadistas, no siempre inmediatamente rentable.
En este sentido se espera que no se concrete una disminución en el presupuesto de Ciencia, Tecnología e Innovación para 2018, que en la propuesta conocida en octubre pasado para el Presupuesto del próximo año, muestra una caída del 2% con respecto a la ley que opera este 2017, lo cual ha preocupado con toda justicia al mundo científico nacional y a los líderes de este ámbito en el país. Efectivamente, la propuesta establece una disminución de casi 70 millones de dólares respecto a lo entregado el presente año, una situación que se encuentra en abierta contradicción con las iniciativas que ha impulsado el gobierno para promover la ciencia a través de comisiones asesoras y la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología.
En el caso, altamente probable, que Chile continúe subestimando la importancia de desarrollar su propia ciencia y tecnología, se restringe severamente las posibilidades de ingresar al primer mundo por derecho propio. Por décadas se ha mantenido un escaso 0,38% del producto interno bruto (PIB) dedicado a esta área, a larga distancia del 2,5 que ha promediado la OCDE y aún detrás de otros países de la región, como Argentina que ya dedica el 1% de su PIB a esta área.
No se termina de internalizar que la incorporación de conocimiento a la producción -lo que se conoce genéricamente como “innovación”- y de nuevas tecnologías, son algunos de los principales pilares de la competitividad de las empresas y del crecimiento sostenido de la economía a largo plazo. Los avances científicos y tecnológicos han cambiado notablemente el rostro de la economía mundial en las últimas décadas y han incrementado su ritmo de crecimiento.
En reiterados informes de la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), se ha señalado la necesidad de fortalecer una estrategia nacional para la investigación e innovación, lo cual requiere “de una considerable coordinación, tanto en la etapa de diseño como en la de formulación y ejecución de políticas”. Las empresas, las universidades, los institutos públicos y privados de investigación y las instituciones financieras deben fomentar sus interacciones y lograr sinergias positivas.
Restar financiamiento a la investigación del país es comprometer su desarrollo y dejarlo como comprador dependiente tecnologías obsoletas, desaprovechando el potencial científico nacional, una forma inaceptable de derroche.