Transversalmente, no hay duda alguna: es muy diferente el diálogo cuando de dinero se trata; se eliminan los aspectos literarios del lenguaje y las emboscadas estratégicas, al mismo tiempo que las declaraciones eufónicas y ambiguas para dejar a todos contentos. Cuando se trata de recursos financieros más vale dejar las cosas en claro, sin dobles lecturas, el presupuesto regional puede ser un ejemplo excelente de la necesidad de poner sobre la mesa la realidad pura y dura.
Justamente por ese motivo es relevante la reciente observación del grupo de estudio de Libertad y Desarrollo al cuestionar el criterio para la asignación de fondos regionales en la Ley de Presupuestos 2018, según ese informe este proceso adolece de “poca transparencia” y de falta de mirada integral.
Lo que sucede en la actualidad es que para el año 2018, el proyecto enviado al Congreso entrega a los gobiernos regionales una cifra estimada de $ 1.260 miles de millones. De estos recursos, el 81% son distribuidos entre regiones por medio de la Ley de Presupuestos, es decir, forman parte de presupuesto de inversión de los gobiernos regionales, mientras que el 19% restante será distribuido a regiones durante el año 2018, por lo tanto, la cantidad total de recursos con la que contará cada región, solo se conocerá a fines del próximo año.
Como todos los años, la Ley de Presupuestos fija el marco de recursos para los gobiernos regionales. Este básicamente está compuesto por recursos de inversión, los que cada región debe asignar a los distintos proyectos que postulan a financiamiento, en esta particular instancia, cuando se está cerca de la posibilidad de contar con autoridades regionales electas, es muy relevante el marco institucional en el cual se canalizan estos recursos desde el gobierno central a las regiones, con reglas claras y transparentes, eliminando eventuales espacios de discrecionalidad.
Se señala que los Fondos de Apoyo Regional, más conocidos como de la Ley Espejo del Transantiago, representa cerca el 20% de los recursos y aun así no se conocen “los criterios bajo los cuales se asignan estos fondos”, para el grupo de estudio, esta falta de claridad se replica en lo relativo al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), un 36% de los recursos, ya que la asignación habría sido ajustada sin la necesaria publicación de criterios o razones.
Es una buena señal de la salud de la democracia que existan instancias que escruten los datos de los organismos públicos y realicen análisis de sus significados, es uno de los elementos de la sana administración, pero, por otra parte, este tipo de informes pone de manifiesto, por contraste, la ausencia de otros actores que debieron haber estado harto más alerta, nuestros propios representantes parlamentarios, quienes debieran dar pronta y oportuna cuenta de todo lo que afecta directamente la gestión regional, muy particularmente estas cifras relativas a su financiamiento.
La recomendación del informe hace mucho sentido, no solo se debe revisar los distintos fondos regionales con una mirada integral, sino que debe haber una clara definición de objetivos, de tal manera que sea posible la evaluación y rendición de cuenta de sus resultados, que cualquier ciudadano pueda saber qué pasó con los recursos empleados. Poner fin rotundamente al paradigma de fondos que, por ser públicos, tienen destinos e impactos inciertos.