Tiene un alto precio la pérdida de la inocencia, la ruptura de la confianza, por mucho que se intente, es muy difícil reponer la fe. Es muy posible que se pueda en el largo plazo recuperar parte de esta base de seguridad en el bien hacer de los políticos y figuras de autoridad, salir del estado de desilusión y desengaño, ya que por la posición que ocupan, el rol que se les asigna en la sociedad, es indispensable que muestren una ininterrumpida secuencia de buenas prácticas.

La democracia se basa en una robusta confianza en quienes han sido elegidos para cuidar del bien común, por lo tanto, es altamente relevante que esta condición sea sometida a escrutinio y en extremo preocupante cuando se evidencia la presencia de malas prácticas, como actos corruptos, que para estos efectos tienen dos miradas;la primera es la existencia probada de corrupción y la otra, no menos importante, la sospecha de su existencia, o la desconfianza en el actuar de las clases dirigentes.

Según una encuesta de la ONG Transparencia Internacional difundida hace pocos días, los chilenos lideran ranking de percepción de aumento de corrupción en Latinoamérica, de esa manera, ocho de cada diez chilenos asegura que la corrupción aumenta en el país, un abrumador 80% de connacionales que perciben este fenómeno como creciente.

Según las conclusiones de esa encuesta, nuestro país ocupa el segundo lugar en percepción de corrupción en el continente, para acentuar el significado negativo de estas cifras, un 68 por ciento de la ciudadanía estima que las autoridades de Gobierno no hacen un buen trabajo para combatir el problema, los chilenos consideran que la respuesta gubernamental es pobre e insuficiente.

El sondeo, realizado a domicilio a más de 22 mil personas de 20 países de América Latina y el Caribe, revela un cuadro de creciente y generalizada de corrupción en la región, donde los ciudadanos presentan altos índices de recelo con el comportamiento de sus policías y políticos, cuya respuesta gubernamental es considerada insuficiente.

Hay en esta situación algo de paradojal, Chile no es un país con las más altas tasas de corrupción al compararlo con sus pares regionales, sin embargo, la ciudadanía expresa altos niveles de disconformidad y sospecha. La explicación posible reside posiblemente en las consideraciones iniciales; la existencia de un paradigma fracturado: la corrección de las instituciones chilenas, ante el descubrimiento desalentador que, igual que en otros países latinoamericanos, suceden este tipo de hechos y no se observa que las autoridades actúen frente a esta realidad con la necesaria eficiencia.

En año electoral, un 62 por ciento de los chilenos piensa que sus representantes son altamente corruptos. Solo los paraguayos (69%) y peruanos (64 por ciento) están por sobre la percepción nacional en este ítem. A pesar de iniciativas para restablecer las confianzas, en propuestas generadas en el Parlamento, o desde el Ejecutivo. En parte, la persistencia del sentimiento de invulnerabilidad de los responsables, que en materia penal se está por debajo de las expectativas de la gente, en la falta de consecuencias para las personas e instituciones, o los tiempos empleados en los procesos que no terminan de resolverse.

Es a pesar de todo un excelente indicador que la ciudadanía no esté dispuesta a aceptar la corrupción como un mal inevitable.