Las partidas del próximo presupuesto de la nación están siendo sometidas a duro análisis, toda vez que puede existir la posibilidad que este afecte negativamente a los que se hagan cargo de la nave del Estado como resultado de las próximas elecciones, nadie está dispuesto a recibir presentes griegos y la palabra austeridad y responsabilidad vuelve a estar en primera plana,
En las primeras informaciones disponibles para toda la ciudadanía, se hace evidente que los dineros no han sido cuidados apropiadamente, por mucho que sea un lugar común para quienes conocen el modo de actuar de los gobiernos, que las cuentas suelen tener tolerante espacio para las ambigüedades y un generoso margen de error a la hora de rendir cuentas. El ciudadano corriente, fácilmente confundido por largas relaciones económicas, deliberadamente crípticas, opta por aceptar las explicaciones más peregrinas para la falta de concordancia entre los recursos entregados y los utilizados de modo debido.
Con el paso de los años resultan cada vez menos digeribles las cuentas del gran capitán, tolerables solo cuando subyace una sólida plataforma de confianza, no precisamente el actual escenario de incerteza y sospecha frente a autoridades e instituciones, divididas entre las sorprendidas en manejos por aclarar y otras que hasta el momento no se les ha detectada irregularidades, situación escasamente tranquilizadora.
El año pasado, de las 22 evaluaciones efectuadas a programas del gobierno, solo cinco tuvieron desempeño “suficiente”, mientras que el resto fue “insuficiente”. Lo anterior motivó al Congreso a solicitar que para el presente año la información que recaba la Dirección de Presupuestos fuera publicada con antelación a la discusión presupuestaria, justamente para analizar el financiamiento de iniciativas gubernamentales mal evaluadas.
Los resultados no son satisfactorios, ya que se aprecia que el Estado ha destinado más de US$ 3 mil millones a programas con desempeño “insuficiente” en los últimos seis años, aunque según los expertos una mala evaluación no debe significar la eliminación del proyecto, asumiendo que es necesario redefinir la fórmula utilizada para el análisis de las iniciativas gubernamentales. En este aspecto hay algo que produce ruidos en la opinión pública, ya que por lo común cuando en la empresa privada ocurre algo así, las consecuencias no se hacen esperar, para el proyecto y para los que estaban a cargo. Tal parece que el dinero del Estado, es decir el de todos los chilenos, tiene un significado menor, es menos valioso que el dinero de personas y entidades privadas.
Esta situación no es nueva, no hay consecuencias para los programas con rendimiento insuficiente, la mantención de un statu quo radica en que la capacidad de presión que tienen las burocracias es suficiente para dejar las cosas como estaban, totalmente Independiente, de su relevancia para los potenciales beneficiarios en la sociedad.
Es tarea pendiente la desarticulación de órganos autoperpetuantes, con grados de tolerancia interminable para la mala gestión, el control de los programas debe ser ajeno y aparte a la administración de los mismos, romper la inconveniente cadena de jueces y partes, sin consecuencias para los responsables. La austeridad que se reclama pasa por la necesidad de mostrar las cuentas claras y separar a quienes no son capaces de exhibirlas.