La nueva polémica generada por el Ejecutivo, al proponer el término de la reserva de la información del informe Valech, contribuye a robustecer el sentimiento del común de los ciudadanos en el sentido de desconcierto e inseguridad respecto a los objetivos del Gobierno al enviar iniciativas en calidad de urgente al Poder Legislativo, a pesar que éste se encuentra ya colapsado tratando de resolver incontables detalles de proyectos aún pendientes.

La Presidenta Michelle Bachelet anunció hace un par de días que dotará de discusión inmediata el proyecto que levanta el secreto sobre antecedentes aportados a Comisión Valech I, con el propósito que esa información se pueda entregar a los tribunales, de manera de avanzar en procesos.

Fue en 2003, cuando el ex Presidente Ricardo Lagos mandató la creación de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, a cargo de monseñor Sergio Valech, instancia en la cual se entregó un informe sobre las personas que habían sufrido torturas y privación de su libertad por motivos políticos, por actos de agentes del Estado o de personas a su servicio, durante la dictadura, en el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.

El informe elaborado por la Comisión fue dado a conocer el 28 de noviembre de 2004 por el presidente Lagos, en base al testimonio de más de 35.000 chilenos detenidos y sometidos a apremios ilegítimos, estableciendo que éstos serían desclasificados después de 50 años de su publicación.

En relación con la propuesta de la Presidenta, el diputado Hugo Gutiérrez acusó; “lo que buscó Lagos era dar impunidad a los violadores de DD.HH.”, el ex Presidente aludido acota “hay muchas personas que no habrían declarado si hubiesen sabido que tendrían que exponer públicamente las humillaciones de las que fueron objeto”, declaración que tuvo el respaldo de los candidatos presidenciales oficialistas, señalando la inconveniencia de cambiar las reglas del juego “cuando a una persona le han dicho que va a prestar un testimonio bajo reserva y después publicarlo”, fue el comentario de Alejandro Guillier y en términos parecidos. Carolina Goic y la vocera de Chile Vamos y timonel de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe.

Actualmente, la información están en manos del Instituto Nacional de Derechos Humanos y si el tribunal solicita vía oficio algún caso de Valech I, el organismo los entregará, lo que no significa que el secreto se levante para que cualquier persona tenga acceso, de esa manera, si se solicita información, el tribunal llamará a la víctima, quien podrá negarse a declarar y evitar que sus antecedentes sean parte de la causa.

En todos los países democráticos, por razones de Estado bien calificadas, determinado tipo de información puede ser clasificada, estableciendo plazos razonables para hacerla pública, de ese modo los antecedentes quedan cautelados por el Estado, que da las debidas garantías de la reserva. En la situación que se ha planteado, en el fondo, el Estado  chileno no se respeta a sí mismo, falta a su palabra, la consecuencia es histórica, ya que en casos similares los testimonios solicitados en reserva corren el riego de hacerse públicos por acuerdo posterior y diferente, se ha olvidado la ya frágil confianza de la ciudadanía en las instituciones, difícilmente este tipo de iniciativas puede contribuir a reparar los puentes rotos.