Las realidades dolorosas, aquellas que tienen cargas insoportables de vergüenza o rudeza, se suelen desplazar de la conciencia, como un mecanismo de protección, se las deja en segundo plano, un recurso que permite seguir adelante, pero que no cambia la realidad estando allí, plenamente vigente, solo que a la espera para hacerse presente con toda su crudeza, como ocurre con el abuso a menores.

Se observan reacciones de justa indignación cuando estos hechos llegan a la luz pública, se condena, se publica y discute, esta indignación acompaña los procesos que terminan a veces con detección de culpables, los cuales son debidamente sometidos a la dura, pero justa mano de la ley.

Pasado estos episodios, se podría llegar a creer que esa particular realidad ha sido transformada, que la amenaza ha desaparecido, que los niños pueden estar seguros, sin embargo, a pesar de todas las medidas,  aunque existan antecedentes  de los hechores, que éstos quedan debidamente identificados, el olvido, el descuido, permite que sigan actuando.

En una reciente revisión que hizo la Superintendencia de Educación a los 12 mil colegios del país, se detectó la presencia de personas que por sus antecedentes estaban inhabilitados para trabajar con niños debido a condenas por delitos contra menores. A pesar de las reiteradas recomendaciones a las instituciones educacionales, en cuanto a verificar antecedentes, desde 2013 han sido descubiertas 67 de estas personas.

Es preocupante que no hayan operado los controles en estas situaciones, una forma de negligencia no contemplada, que instala una sensación de vulnerabilidad en la ciudadanía, aunque puede tener el positivo efecto de hacer evidente la necesidad de ser más conscientes de la obligación de verificar en qué manos se deja a los niños.

Las personas descubiertas en esta oportunidad ocupaban diversos cargos, unos como  asistentes de la educación y otra persona representante legal de un colegio y administrador de otro. Según informa la autoridad correspondiente, se solicitó que fueran apartados de inmediato del contacto con los niños, niñas y adolescentes, con el debido informe al Ministerio Público por eventual quebrantamiento de condena, más el inicio de un procedimiento administrativo en contra del establecimiento. Se enfatiza que nadie está libre de la revisión de antecedentes, esta incluye a todos quienes participan de la actividad de educación en cualquier ámbito.

En esta oportunidad, las personas condenadas por atentados contra menores que fueron descubiertas trabajando en colegios, eran hombres y se desempeñaban en seis colegios: cuatro municipales y dos subvencionados en establecimientos ubicados en las regiones Metropolitana, del Maule, Bío Bío y de La Araucanía.

No se ha informado de los nombres de los colegios, al haberse iniciado procesos administrativos, es de esperar que esa información esté pronta y ampliamente disponible,  para saber que instituciones no han cumplido con el deber fundamental de garantizar la seguridad de los niños y adolescentes a su cuidado, existiendo un registro nacional de inhabilitados para ese efecto, que en hasta 2016, tenía a 4 mil personas que habían cometido delitos como abusos, maltrato, o almacenamiento de material pornográfico.

Es una severa llamada de atención a los responsables, no es posible que en números limitados de personas no se haga bien la mínima tarea de saber a quienes contratan.