Muy por el contrario de lo que pudiera parecer, a la ciudadanía chilena no le es indiferente que las autoridades dejen cabos sueltos o áreas oscuras, a pesar que se adopta una posición de resignación, acompañada de expresiones para explicar que ciertas situaciones han sido de ese modo todo el tiempo. En el fondo es solo una fingida resignación, se trata realmente de un malestar contenido, o para no aumentar la molestia, para resignarse temporalmente a una realidad insatisfactoria, como es la persistente tendencia a no enfrentar las consecuencias de los errores, a no sumir materialmente el costo de las equivocaciones, de las desprolijidades o de los perjuicios.
Para la ciudadanía, que experimenta diariamente las consecuencias de sus actos, es difícil de entender que las acciones erróneas de los grandes actores de la política nacional no tengan consecuencias, y que sí se espere infinitos agradecimientos por cumplir ocasional y convenientemente con su deber, actuar correctamente en la misión que se les ha signado, con la confianza, directa o indirecta de los electores.
Por esa razón, es particularmente importante la actividad emprendida por el Comité de Auditorías Parlamentarias, cuya finalidad es, precisamente, controlar el uso de los fondos públicos destinados a financiar el ejercicio de la función parlamentaria, dando cumplimiento del artículo 66 A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
En la primera entrevista de los medios a los integrantes del comité, hubo un comentario de su parte particularmente significativo; “la normativa para controlar gastos de los congresistas no es lo suficientemente específica”, una reflexión que está en mente de cada ciudadano de este país que no termina de sorprenderse por la liberalidad de los gastos de los parlamentarios, cuyos sueldos, o su más metafórica y eufónica denominación de dietas, están entre los más altos del continente.
En claro contraste con sus elevadas remuneraciones, más una serie de regalías que en su mayoría son ignoradas por el ciudadano común, se puede observar una serie de prácticas de escaso valor estético, por no mencionar el olvidado valor ético, que ya sería hilar demasiado fino. Los actuales auditores, es de esperar tan decididos al final como en sus primeras actuaciones, reclaman un nuevo diseño para cumplir con su tarea, teniendo a la vista un paisaje poco alentador.
Aunque en muchos casos se considera ajustados a la norma ciertos gastos de los legisladores, hay una relación por el momento no pormenorizada de “irregularidades e incumplimientos”, “falta de celo en el cumplimiento de sus funciones”, “deficiencias”, “retrasos” e, incluso, “falta de austeridad”. Ningún asunto que pueda sorprender a la ciudadanía, lo que en sí mismo indica el grado de deterioro de la imagen de los honorables.
A pesar de lo ingrato que pueda resultar, es esta la oportunidad de rendición de cuentas que la ciudadanía espera. Solo faltaría, en esa eventualidad, que no sea igual salir bien o mal en esta prueba, ya que no puede seguir allí el que la repruebe. Una de las situaciones más repetidas y reprochables en la administración del Estado es que no haya consecuencias para los errores de los responsables, que sin importar la magnitud y el precio de las equivocaciones o desprolijidades. no pase nada, o se corten solo los hilos más delgados.