Sorprendentemente, cuando en apariencia hay poco de que asombrarse en el modo de llevar los asuntos de la alta política, ha surgido para el común de los ciudadanos la noticia de otros costos ocultos en la discusión sobre la reforma previsional, una situación inexplicable si se considera la magnitud del impacto de un proyecto de esta naturaleza, donde está en juego el porvenir de todos los trabajadores chilenos.

Que haya sorpresas, cuando el proyecto de ley del gobierno busca crear el Sistema de Ahorro Previsional Colectivo, aumentar la cobertura del Sistema de Pensiones y fortalecer el Pilar Solidario, es inadmisible, toda vez que ha sido el propio gobierno el que informa de esta situación, tardíamente, después de toda la extensa cobertura de la iniciativa, quiere decir que no están todas las cartas sobre la mesa y que la propuesta puede tener aún otras implicancias, a cual más inquietante.

Se trata del Informe de Productividad, elaborado por el ministerio de Hacienda y el del Trabajo y Previsión Social, un informe que se supone debió existir, con más exactitud aún , ante de proyectar medidas en esta importante dirección, con ligereza se indica que hay estimaciones sobre uno de los posibles impactos del alza en un 5% de la cotización; la caída entre 2.200 y 394 mil empleos, en el peor de los casos, en un documento que obra en poder de la Cámara de Diputados, se acotan las cifras a un efecto intermedio de destrucción, de 60 mil a 124 mil empleos.

Llama profundamente la atención el grado de incertidumbre, el amplísimo rango de las cifras, una variación que oscila entre 2.200 y 394.000 es estadísticamente inaceptable como para basarse en ellas en la toma de decisiones, establecidas de ese modo, con ese grado de incerteza, es una invitación a saltar al vacío.

Para agudizar el desconcierto de la ciudadanía, la Primera Mandataria, al ser consultada por los medios frente a esta situación declaró desconocer cuán seria era la información, no haber tenido tiempo para leer la prensa o desconocer el estudio en general, aunque acepta que la iniciativa del aumento de las cotizaciones pueda tener un impacto, esperando que no sea tan alto en razón de una eventual gradualidad. Estas declaraciones han tenido las esperables aclaraciones, aunque escasamente convincentes, del propio Ministro de Hacienda y la titular de la Segegob, quien relativiza la situación indicando que “como cualquier política pública también tiene efectos colaterales, y lo que hace este informe es mostrar que las cosas no son gratuitas”.

A ese respecto se encuentra abierto el debate sobre el significado directo e inmediato sobre los trabajadores, que tendrán una rebaja en el sueldo líquido cercana al 3%, para la construcción de un fondo solidario, si se trata o no de un impuesto al trabajo, o establecer los costos administrativos de este fondo. El ministro de Hacienda ha declarado, tan pronto como se dio a conocer el proyecto, que había costos administrativos implicados en este proceso, cuyos montos y forma de financiamiento no han sido aún transparentados.

La lista de interrogantes está abierta, el escenario menos favorable para esperar que este tipo de propuestas sea de fácil despacho, es de esperar que haya un espacio cauto para una madura e informada reflexión sobre esta materia, que se inserta justamente entre los problemas más preocupantes de la ciudadanía.