A estas alturas está claro que la opinión de la ciudadanía no es el motor principal de la acción del Gobierno, debe haber poderosas otras razones, con diversos descriptores, como ideología, programa y compromiso, cuyos significados están sujetos a interpretación, pero con los problemas de la gente común, como su percepción de estar indefensos frente a la delincuencia, no se ha tenido una política decidida y eficaz, las puertas giratorias siguen estando operativas.
Las razones por las cuales los delincuentes están inmediatamente de regreso a la calle, a pesar de hechos que conmueven a la opinión pública, se podrían encontrar en el modo como se llevan adelante los procesos, con un signo fuertemente interrogativo en cuanto al desempeño de los fiscales, a menos que sean éstos cualitativamente inferiores en cuanto a las competencias de sus colegas de la defensa, o a que los jueces se apeguen estrictamente a la ley por encima de los que podría dictarles su propia razón, o a ley misma, que de alguna manera no se condice con las circunstancias nacionales en las cuales se busca actuar con justicia.
El ejemplo actual, ni siquiera emblemático, es el asesinato ocurrido en Antofagasta hace pocos días, un conductor muere golpeado con un palo por un sujeto de oficio limpiaparabrisas. Según Carabineros, la víctima se habría negado a recibir el servicio de aseo y protagonizó una discusión que terminó con su muerte.
El hechor fue detenido en el lugar y puesto a disposición de la justicia para ser formalizado. Identificado con las iniciales M.A.C.C. para proteger su presunta honorabilidad, se informa que tiene un nutrido prontuario, ya que registra 102 detenciones, aunque ninguna estaba pendiente, de acuerdo a información de Carabineros.
Entre los delitos en los cuales este sujeto estuvo involucrado, se cuenta el porte de pasta base y cocaína, penado por la ley 20.000, una de las pocas en la que un sospechoso imputable debe demostrar su inocencia, en lugar de que la fiscalía pruebe el delito del que se lo acusa, con pruebas fehacientes que las drogas son para consumo personal, exclusivo y próximo en el tiempo. Sin embargo, el hombre estaba libre, a pesar que la ley, artículo 4°, determina un castigo de presidio menor en sus grados medio a máximo y multas, si no se acredita la excepción.
En otros delitos el acusado registra 14 aprehensiones por orden judicial, 16 hurtos y robos, robo de vehículo, 22 robos supermercados y centros comerciales y lugar habitado, además de cuatro casos de violencia intrafamiliar y sin embargo estaba libre para asesinar en la vía pública, a pesar de su alta concurrencia los tribunales, lo cual hace sugerir, en las redes sociales, la conveniencia de extender el término peligroso para la sociedad, no solo a los delincuentes, sino a los resultados de la actual justicia, que los deja prontamente disponibles para continuar con sus actividades.
Para hacer las cosas aún más inaceptables, los delincuentes y sus familias han empezado a agredir a los fiscales, o a las fuerzas del orden, empoderados, atemorizan a testigos y a las mismas víctimas que terminan por dejar de denunciarlos ante tanta holgura. Un escenario que ha motivado ejercer la justicia por propia mano, aún más inaceptable, aumentando el sentimiento de inseguridad. El Gobierno no ha podido controlar a la delincuencia, ha quedado otra tarea pendiente.