Se ha expresado, aunque con un grado cada vez menos convencido de certeza, que las instituciones chilenas funcionan. Lo que falta discutir es en qué momento deciden ponerse en marcha, ya que numerosas circunstancias surgidas en los últimos años parecen indicar que todo está bien, salvo que se descubra lo contrario, situación entendible si las mismas organizaciones fueran las que descubrieran las anormalidades y no sectores externos, como ha ocurrido, esta vez, con los beneficios inexplicables en las pensiones de jubilados uniformados.
Las cifras son de por sí relevantes, el Estado aportó 3,8 billones a jubilaciones en Fuerzas Armadas entre 2011 y 2015, según una investigación de Ciper. Entre los oficiales en retiro que reciben los montos a través de Capredena figuran ex uniformados procesados o condenados por delitos relacionados con violaciones a los Derechos Humanos, o fraudes.
La investigación periodística revela que hay un total de 3.090 ex uniformados jubilados que gozan de este beneficio, algunos de ellos por décadas, en ese grupo se encuentran incluso alrededor de seis ex Dina y CNI que trabajan mediante contrato para el Ejército en áreas de carácter docente.
Difícilmente puede ser considerado justo, en pleno conocimiento de la realidad de los montos de las pensiones de los chilenos, que tiene a grandes grupos ciudadanos en estado de alerta, que éstas, en promedio, para quienes imponen en AFP apenas alcanzan los $192 mil, mientras que los oficiales en retiro de la FF.AA reciben $2,3 millones en promedio, según este acusador y crudo reportaje.
Para el ciudadano corriente, que tiene ejemplos, en su propio entorno, de la lucha por vivir con pensiones insuficientes, aún para lo básico, las conclusiones de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados por las pensiones irregulares, son sencillamente indignantes y las razones expuestas por los beneficiados para recibirlas, una clara burla al más precario sentimiento de justicia, dejando en evidencia que hay leyes que pueden ser torcidas y vulneradas en sus intenciones, haciendo posible que estos hechos ocurran, a espaldas de la realidad del común de los chilenos.
Por supuesto, el gobierno ha dado muestras de sentida preocupación, con rapidez informa de la constitución de una esperable mesa de trabajo, indicando que los Ministerios de Defensa y del Trabajo revisarán -en un plazo de 45 días- el sistema de otorgamiento de “Pensiones de inutilidad de segunda clase”, “para evitar que recursos de todo el país estén mal utilizados”, ante el escándalo estas jubilaciones millonarias, mostrado por la televisión, que dejó en evidencia que muchos de estos pensionados se encuentran en perfecto estado de salud y perciben, además, buenas remuneraciones en los lugares donde se encuentran trabajando
Con toda la gravedad que estos hechos revisten, lo más preocupante es que todas estas situaciones no hayan sido pesquisadas por los organismos estatales que corresponde, por décadas se ha firmado cheques por cifras que debieron, a lo menos, haber llamado la atención, hubo negligencia clara, o ceguera voluntaria. Sin la investigación aludida, estos hechos seguirían ocultos. Se ha instalado de esta manera la inquietante duda razonable sobre qué otro tipo de otras anomalías y abusos siguen ocurriendo a la espera de ser descubiertos, con la complicidad de un Estado que parece haber optado por desconocer.