La publicación sobre la desigualdad con autoría del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), no contiene otra cosa que una relación bien sustentada de situaciones que han estado tanto en los discursos políticos y académicos, como en los planteamientos de diversos colectivos de la sociedad chilena, de alguna manera se supone han de estar presentes en los programas presidenciales, con diversas ópticas para ser presentados a los eventuales electores en búsqueda de apoyo y compromiso.
Las primeras consideraciones pasan por el reconocimiento; el país ha avanzado, según esa organización, en las últimas décadas hay cambios notorios en temas centrales como la reducción de la pobreza, el mayor acceso a la educación superior y la consolidación democrática. Cambios lo suficientemente relevantes como para hacer cambiar la visión que se tiene sobre la sociedad chilena, que explica su creciente bienestar material como producto de historias de esfuerzo personal han permitido dejar atrás un Chile más precario.
Sin embargo, el estudio también revela que ha aumentado considerablemente, durante los últimos 15 años, la percepción de injusticia asociada al hecho de que quienes puedan pagar más tengan acceso a mejores servicios sociales ha aumentado: la injusticia percibida pasó de 52% a 64% en el caso de la educación, y de 52% a 68% en el caso de la salud.
El libro de PNUD describe algunos factores determinantes de la desigualdad, partiendo por la sensación de inseguridad, determinada por bajas pensiones, futuro laboral incierto pese a los títulos obtenidos, el temor a no poder enfrentar elevados costos médicos, percibidos como “amenazas que el mérito personal no alcanza a sortear, y que empuja demandas por mayor seguridad”.
Se presta especial atención a algunas circunstancias que requieren modificación para disminuir las excesivas brechas de inequidad, aceptando que las sociedades son por su propia naturaleza desiguales, algunos factores son moralmente imprescindibles, como la igualdad ante la ley, pero otras situaciones requieren de medidas oportunas para compensar en parte las diversidades personales.
Entre los factores que requieren modificaciones está la actual estructura productiva que genera circuitos diferenciados de productividad: pocas empresas grandes que ofrecen mejores salarios y mayor estabilidad laboral, y un gran número de pequeñas y medianas empresas que no logran asegurar ni estabilidad ni calidad del empleo. También se alude a la insuficiencia del sistema educativo, que aunque ha logrado integrar a una gran cantidad de jóvenes a la educación terciaria, no logra generar suficiente igualdad de oportunidades.
No siempre medible, pero claramente presente, está la característica endémica de sociedad elitista, en la clase política, por ejemplo más del 70% de los ministros, casi 60% de los senadores y más del 40% de los diputados del período 1990-2016 asistió a colegios de elite, carreras y universidades de elite, o ambas. Esto provoca una distancia sentida por parte de la población respecto de sus representantes y líderes políticos, y alimenta la crítica al carácter privilegiado de las autoridades públicas.
El informe incluye por lo tanto factores de naturaleza social, además de indicadores económicos, son los primeros los que exigen un cambio desde la base, el antiguo reclamo de una sociedad más inclusiva, más solidaria.