Nuestra clase política ha dado otra muestra, a lo menos bochornosa, de su ilimitada capacidad para ignorar los sentimientos de la ciudadanía, sin trepidar siquiera cuando se trata de asuntos que tocan los puntos más sensibles de sociedad, como es el bienestar de los niños. En particular, los niños a cargo de la vasta red del Servicio Nacional de Menores (Sename) que atendió, el año pasado, a 264.078 niñas, niños y adolescentes, en 62 centros, a cargo de 4.000 funcionarios.

Si no fuera por la igualmente ilimitada capacidad de los chilenos para tolerar los atropellos más evidentes, podría pensarse que ha sido esta última gota la suficiente para llenar el vaso, salvo que ante el cada vez más cercano proceso electoral se opte por expresar en los sufragios la necesidad de contar con parlamentarios que  den mejores garantías de sensibilidad ciudadana y de innegociables principios valóricos.

Para el ciudadano de a pie, con clara memoria las desgracias ocurridas en los centros del Sename, está claro que por muchos años ha existido un incumplimiento de la misión de la institución, que es contribuir a la promoción, protección y restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes vulnerados y buscar la reinserción social de los adolescentes infractores de ley.

Por lo mismo, se esperaba los resultados del trabajo de la comisión especial nombrada para investigar los hechos ocurridos en los centros del servicio y sus condiciones de funcionamiento, lo que no se esperaba, por impensable, era que se tratara de subestimar y menos rechazar un documento fruto de ese trabajo. Sin embargo, eso fue precisamente lo que ha acontecido con  el “Informe de la comisión especial investigadora de la forma en que las autoridades han atendido las propuestas de la Cámara de Diputados, por la aprobación del informe de la comisión investigadora del Sename en el año 2014, y la situación de menores de edad carentes de cuidado parental”.

El documento de 535 páginas, expone las conclusiones de los parlamentarios tras indagar sobre esa situación, después de 28 sesiones de trabajo en 180 días de plazo, al cual se agregaron 69 días adicionales, del 15 de junio 2016 al 19 julio 2017. Periodo en el cual se obtuvo información de los más altos personeros del gobierno, autoridades de diversos organismos y se recibió aproximadamente 24 documentos anexos.

Sus conclusiones son altamente preocupantes, dan cuenta de situaciones irregulares e insatisfactorias, de enormes irregularidades, el diagnóstico es crudo; “Chile cuenta en la actualidad con la información del porcentaje de niños, niñas y adolescentes que en 10 regiones del país se encuentran no sólo en riesgo, sino en “situación de alto riesgo”. Lo que, a no dudar, constituye una información altamente sensible, y de mucha relevancia, que no puede ser soslayada ni olvidada”.

La sola mención de eventuales responsables bastó para presionar hasta obtener el rechazo de todo el informe, sin reconocer la veracidad y gravedad de su contenido, desatar un operativo de blindaje al precio de dejar ignorada la realidad de miles de niños chilenos.

Definitivamente la situación del Sename no se termina con el rechazo a conveniencia de un informe lapidario, no hace otra cosa que agudizar la demanda de transparencia y correcto proceder en una situación impresentable que permanece y acusa, por sobre la intención política de desdibujarla.