Casi al cerrar el año 2016, se promulgó la Reforma Constitucional que establece la elección democrática de los gobernadores regionales, reforma que se publica en el Diario Oficial el 5 de enero del presente año. En su momento, con el aplauso transversal de los legisladores, se consideró que esta modificación constitucional representaba un cambio histórico, la iniciativa más importante desde el retorno de la democracia y una amplia apertura al consiguiente proceso de descentralización.
Sin embargo, un tanto convenientemente, no se puso igual énfasis en la importancia y significado de otros cuerpos legales necesarios para avanzar consistentemente hacia la dinámica del cambio administrativo del territorio nacional, a pesar que la misma reforma deja claro que para realizar una transformación efectiva era necesario avanzar en otros aspectos, los textos olvidados como la elección de estos gobernadores regionales, lo que conlleva determinar quiénes pueden presentarse como candidatos y quienes no y también establecer una oportunidad para las elecciones, se agrega el muy espinoso tema de la transferencia de competencias y facultades desde el poder central a esas nuevas autoridades regionales.
Hasta aquí, salvo los festejos de grupos de parlamentarios que proclaman el avance en lo relativo orden a la elección de Gobernadores como un salto trascendente hacia la descentralización, lo cierto es que se está poco menos que donde mismo. Todo parece indicar que la elección de marras no se podrá efectuar por lo menos en el curso de este año, lo cual es preocupante porque se supone que ese era el tema de menor conflicto potencial comparado con el que sigue y que se encuentra igualmente en pleno y duro proceso; las competencias que se les quiere dar a las nuevas autoridades.
Por sobre los discursos, las declaraciones líricas de los personeros de gobierno, dando a entender que están comprometidos sinceramente con la descentralización, que reconocen que este país no está bien distribuido tal cual está, que hay inequidades intolerable, tras todo ese ruido hay hechos escuetos que muestran cuan centralista es Chile y las dificultades enormes para que ese panorama cambie.
Los datos duros se encuentran en una investigación del Instituto Libertad y Desarrollo (LyD) elaborada con datos del Sistema Nacional de Inversiones, que da cuenta que los gobiernos regionales solo resuelven en torno al 25% de las decisiones de inversión pública. Los restantes recursos, en forma mayoritaria, corresponden a definiciones sectoriales del MOP y del Minvu, casi un 70% del total, y a inversiones realizadas por empresas del Estado, una situación que se ha mostrado bastante constante por más de 10 años.
Efectivamente, según los datos expertos del Centro de Estudios Públicos y del LyD, sólo 811 millones de dólares al año son los que tienen las regiones para poder gastar libremente y así definir sus propios proyectos, lo cual equivale a un 1,18% del Presupuesto de la Nación, una situación cuya elocuencia deja poco espacio para más comentarios, además, al observar solo los recursos de los fondos para las regiones, como el Fndr o el programa espejo del Transantiago, solo el 44% de dicho total es de libre disponibilidad regional y el margen mayor se define desde el Gobierno central.
Sin cambios efectivos en esa realidad, mucho del resto es sólo retórica políticamente correcta.