Es posible que la jornada descrita como maratónica, de la comisión de Educación de la Cámara de Diputados, que impulsada por la voluntad del gobierno de resolver este asunto en los cortos plazos disponibles, después de pasar en vela toda una noche, con un trabajo ininterrumpido de 19 horas, llegue a ser un presente griego, un regalo de significado discutible, sobre parte de la ya fragmentada propuesta de reforma a la educación superior.
A esta alturas, la magnitud de la reforma que se está trabajando y los productos esperados, son del todo desconocidas para el ciudadano común, pero en lo relativo a resultados de esa larga y agotadora jornada parlamentaria, éstos están ahora a la vista de todos, un proyecto que establece una nueva institucionalidad para la educación superior, creando una subsecretaría y una superintendencia- cuyas atribuciones y coordinación darán seguramente lugar a un predecible rosario de indicaciones y dudas- además de la aprobación de nuevas exigencias para la acreditación de las instituciones- que a pocas horas, ha desatado observaciones relativas a principios constitucionales- y fijar por ley la gratuidad para la educación superior, que hasta ahora ha sido asignada por glosa presupuestaria.
Con ese acuerdo ya había material suficiente para la esperable más sesuda reflexión en el Senado, pero faltaba la propuesta de la diputada oficialista Camila Vallejo (PC) y de Giorgio Jackson (RD) , quienes fueron por la nave capitana de la reforma, con una indicación que deroga el Crédito con Aval del Estado (CAE) a partir del 1 de enero de 2019, lo cual fue despachado por los disputados en esa sesión agotadora, una manera de proceder que representa de cierto modo una técnica para conseguir acuerdos por extenuación.
En lo que al gobierno concierne, el acuerdo adoptado por los legisladores es una nueva espina, de aquellas más molestas, al provenir de sus propias filas. En términos de la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga; “el Ejecutivo hará reserva de constitucionalidad de lo que se acaba de aprobar y plantea que no es responsable y no se condice con lo que la ministra Delpiano ha dicho a la ciudadanía” por lo cual se pedirá un análisis de la situación por parte del Tribunal Constitucional.
La molestia del Gobierno es comprensible, ya que existía, durante la extensa tramitación que tuvo la iniciativa legal, un compromiso de hacer llegar durante el segundo semestre de este año una proyecto de ley que reemplazara el CAE por otro crédito administrado por el Estado. La indicación, en cambio, obliga a tramitar e implementar un nuevo sistema de financiamiento en un plazo breve, en medio de las elecciones, de cambio de gobierno y de renovación del Congreso, un escenario dudosamente óptimo para una solución madura, consistente y sustentable para un problema que atañe directamente a la juventud estudiosa de Chile y a sus familias.
Esta circunstancia, eliminar una forma de financiamiento, sin resolver que otro medio lo reemplace, es un pie forzado, que invita a la desprolijidad de soluciones frutos de la prisa, una muestra notable de lo que puede hacer el voluntarismo, transformar los deseos en realidades sin trepidar en factibilidades ni consecuencias. No se ha logrado internalizar, a pesar de las muy repetidas experiencias, que las prisas en temas complejos, más que apurar los cambios, logran más bien retardarlos y entorpecerlos.