Aparentemente ha llegado el tiempo de las prisas, una política mediática de dar a entender poderosas capacidades de gestión e inquebrantable voluntad de cumplir con promesas programáticas, una actitud que sería positivamente valorada si las iniciativas así tratadas, a base de maratónicas sesiones del legislativo, hubieran dado consistentes pruebas de solidez en lo relativo a la calidad del producto y no de muchas muestras de eventual desprolijidad.
Es el turno de la elección de gobernadores para las regiones, divididas las opiniones, con muchos matices, en dos bandos; los que observan en este proyecto un movimiento significativo hacia la descentralización y aquellos que opinan que sin claridad en los atributos esa nueva figura no vale la pena, ni el esfuerzo, ni el gasto.
Como parte de una larga serie de discusiones sobre el particular, nuevamente se postergó la discusión del proyecto de acuerdo ingresado por el Ejecutivo para zanjar las diferencias en el trámite legislativo del Congreso, respecto de las atribuciones y competencias de los gobiernos regionales, una indicación que modifica a las contenidas en la iniciativa original, que fortalecería la regionalización y que fue rechazada anteriormente por ambas cámaras del Parlamento.
Para un gobierno saliente, que ha observado la amenaza de naufragio de alguna de sus naves insignia y el largo proceso de rescatarlas, aún a costo de renuncia a mucho de su velamen, la descentralización requiere de señales concretas de avance, o pasará a la historia como uno más que ha ofrecido un cambio fundamental y no ha logrado avanzar de modo satisfactorio, que el país sigue teniendo un intolerable nivel de centralismo que ha coartado su desarrollo y establecido una creciente inequidad territorial.
El gesto de elegir un gobernador, sin otra consideración, es una señal de progreso, no importa cuán insuficiente y trunca, es algo de avance, pero también un signo equívoco, porque si no existen otras circunstancias, la solución se transforma, de señal promisoria, a incordio, a muestra de tentativa frustrada a pesar de las repetidas advertencias.
La magnitud de las dificultades es descrita por un legislador a favor de la elección con un ejemplo de entre muchos, aludiendo al debate por venir frente al artículo que regula el proceso de solicitud de una competencia por parte de una región. “Cuando una región pida una competencia, esa resolución queda en manos de un comité que está integrado principalmente por figuras del Ejecutivo. Creo que eso debe cambiarse y deben integrarse a representantes de regiones”. Las complejidades que se avizoran son rápidamente evidentes para el ciudadano común, que ha visto la alambicada entelequia de los acuerdos.
Haciendo justicia, las dificultades son considerables y no es realmente posible esperar que resuelvan a cabalidad con los plazos acotados que existen, en otras palabras, si se aprueba la elección de gobernadores, un asunto de relativo fácil despacho, a la vista de muchos personeros disponibles para hacerse cargo, es dable esperar un largo lapso antes que logren saber para qué han sido elegidos y con qué herramientas cuentan. Es hasta cierto punto sorprendente que esta circunstancia objetiva no logre hacer visible la necesidad de cambiar el orden de los factores y decidir qué es en realidad prioritario, salgo que se quiera dar una señal ilusoria.