Los aspectos financieros de la reforma educacional han sido de tanta envergadura que han terminado por eclipsar muchas otras consideraciones, muchas de las más agudas controversias con el mundo de la educación  superior han estado enfocados a recursos, a fondos de diverso tipo, a estimaciones entre costos reales y costos de referencia, a distribución equitativa o selectiva, que llevan la discusión a un escenario acalorado y beligerante.

En estos días, en medio de constantes presiones y consultas, se debate en el Parlamento este particular asunto; la distribución de los fondos públicos para las universidades, ante la posibilidad, como se ha señalado, de que los fondos públicos para las entidades  estatales de educación superior  crezcan el doble que los dineros otorgados a las pertenecientes al grupo de universidades no estatales del Consejo de Rectores, conocidas como G9, una situación, que además de las obvias connotaciones económicas, podrían determinar un grado de inequidad, o de diferencia de trato,  resultantes en asimetrías debilitadoras en el seno del Cruch.

Desde el inicio, la reforma de la educación ha tenido una distorsión en cuanto a su tratamiento, ya que inevitablemente involucraba aspectos económicos que movieron hacia ese costado la mayor intensidad de los focos, dejando de lado, asuntos tan relevantes como la calidad de la educación, en efecto, los fondos públicos dispuestos para las universidades tradicionales y del G9, han motivado severos desencuentros entre los rectores.

Según un análisis del G9, con datos de las leyes de presupuestos, los fondos asignados entre 2014 y 2016 han crecido de modo asimétrico, al observar los aportes basales, por ejemplo, en el aporte fiscal directo y el fiscal indirecto, los mayores incrementos se asignan para las estatales, que  el año pasado tuvieron un alza de 22%, a diferencia del 12% otorgado a las del G9.

La declaración del rector de la Universidad Católica, acota, “mucho se habla de maltrato y descuido de las estatales. Sin embargo, se observa que al menos desde hace seis años ambos gobiernos han tenido una dedicación preferente a realizar un significativo apoyo a ellas”.

En la contraparte,  la directora ejecutiva del Consorcio de Universidades Estatales, replica que los recursos “siempre se ven en global, y nosotros los dividimos por 16, y por nueve en el caso de G9  y ahí hay una diferencia a favor de las no estatales”.

Por encima de estas consideraciones está el hecho, relativamente bien entendido, que los aportes son una buena señal, que es bueno que las universidades estatales tengan el apoyo que merecen y necesitan para cumplir con sus funciones específicas,  por su propia definición de entidad del Estado, pero, por otra parte, es absolutamente necesario entender que hay otras entidades que han tenido desde siempre una función pública, sin fines de lucro, comprometidas por decenios con el desarrollo del país, solidariamente con las tareas del Estado, que requieren del apoyo de éste para mantener su calidad y actuar competitivamente en el exigente ámbito de la educación superior.

La inversión en educación superior de calidad no se hace solo por mejorar los rankings de posicionamiento, debe hacerse porque de allí surge la innovación y la investigación que son la infraestructura de los desarrollos sólidos y sostenidos. La variable calidad sigue oculta por otros intereses de menor cuantía.