Desafortunadamente los atributos de la clase política chilena han sufrido un preocupante deterioro, bastante más allá que la no menos grave asociación con malas prácticas, o a lo menos prácticas dudosas. Al peso de casos demasiado frecuentes de corrupción o mezclas conflictivas de política y dinero, se agrega un factor bochornoso, aquel de las incapacidades o de las ignorancias.

La democracia representativa indica que los representantes de la ciudadanía deberían tener, a lo menos, el perfil para hacerlo con dignidad, propiamente, con idoneidad, con voluntad informada de servicio público, para los cual hay que tener al menos las calificaciones indispensables.
No solamente los convencimientos y la popularidad, sino las competencias para responder a las esperanzas de mediación de la ciudadanía que ve en ellos los que pueden acercar las soluciones a problemas pendientes o el apoyo a proyectos deseables.

A esas alturas, después de haber observado el nivel de conocimientos de algunos candidatos y candidatas a la Presidencia de la República, hay espacio para el escepticismo relativo a su perfil para desempeñar el cargo más alto y complejo de la administración pública, conducir la nación a un mejor destino.

En términos aún más directos, para el ejercicio de tareas harto menos complejas, los postulantes tienen que demostrar que poseen las debidas calificaciones o antecedentes que den muestra cabal de reunir los requisitos necesarios, no parece ser así en este otro mundo, la Constitución así lo declara; para ser elegido Presidente de la República se requiere ser ciudadano, no haber sufrido pena aflictiva y haber cumplido 35 años de edad.

No es una vara demasiado alta, se da a entender, eso sí, que la democracia permite que muchos ciudadanos y ciudadanas tengan la posibilidad de ser elegidos, una visión positiva de la igualdad de oportunidades, pero por otra parte deja abierta la posibilidad que con esas calificaciones mínimas se pueda acceder a este cargo, independientemente de otras condiciones que a poco andar parezcan más que deseables, fundamentales.

Existe la sospecha fundada que no todos los titulares de los altos cargos de la nomenclatura republicana puedan ser capaces de concursar exitosamente en procedimientos como las convocatorias del Sistema de Alta Dirección Pública, se requiere más antecedentes para obtener licencia de conducir un vehículo particular que para conducir la nave del Estado.

Es altamente intranquilizador, observar candidatos y candidatos que desconocen tratados internacionales suscritos por Chile, que libremente se pronuncien en materias de Estado, como el establecimiento de fronteras, que oculten su pensamiento frente a temas relevantes y de importancia para el electorado, intranquiliza el sentimiento de que no la tienen todas consigo.

En el tiempo que queda para las elecciones, es indispensable que los políticos postulantes dejen un espacio generoso para dar a entender a la ciudadanía qué tienen en mente con respecto al futuro de la nación y dejar de lado, aunque sea brevemente, el tablero de ajedrez de los pactos y acuerdos, o convenios de repartición de cargos.

La tradición chilena concibe que el sillón de O’Higgins lo ocupe una persona con sabiduría y experiencia, con los mejores atributos cívicos, ninguno de estos últimos se obtiene por concursos de popularidad, sino por la evidencia de tales atributos.