Es evidente que el progreso hacia la descentralización está repleto de posibilidades para los cambios cosméticos, hacer cambios cuya descripción es mucho más elocuente que sus significados reales, mismas cosas con nombres diferentes, es de entender, por mucho que sea difícil de digerir, la autoridad y el poder no son cedidas graciosamente, para que esta entrega ocurra tiene que haber una fuerza mayor que la actual resistencia, muchas veces disfrazada de preocupaciones legítimas de otro ámbito, cuando el origen está en el inconfeso temor a la pérdida.
Es una tarea de las regiones ejercer esa fuerza, no para cobrar una cuota de poder, sino para lograr que las oportunidades del país se distribuyan de modo equitativo y no para repetir los mismos defectos atribuidos al poder central, solo que en menor escala. Con ese objetivo los gobiernos locales deben dar indesmentibles muestras de solvencia administrativa y presencia rutinaria y transparente de buenas prácticas.
Para la gran parte de la ciudadanía, la administración y gestión financiera de los municipios son asuntos pendientes en materia de transparencia. Episodios ocasionales, de mal uso de fondos municipales, como viáticos que no corresponden o viajes con dudosa justificación son muestras de que es posible exponer las administraciones a conductas de corrupción, conflictos de interés, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles, justamente los temas sobre los cuales se ha aprendido a desconfiar.
Hay un nivel no despreciable de riesgo, los 345 municipios del país exhiben una gran diversidad en tamaños, estructuras y volúmenes de ingresos, por lo cual es altamente improbable que la Contraloría General de la República pueda ejercer sobre ellos sus deberes de fiscalización al no contar con los recursos humanos y técnicos suficientes.
En el comentario de un conocido columnista en un medio de circulación nacional, al hacer un desglose de los recursos percibidos por los municipios, señala que si bien es cierto la mayoría de ellos provienen del Gobierno central, hay otras numerosas y no despreciables entradas por conceptos propios de las comunas, de pagos que por distintos conceptos efectúan sus propios habitantes, sobre los cuales las rendiciones de cuentas son siempre insuficientes.
En la versión de este columnista, los vecinos, cuya calidad de vida está ligada muy directamente al desempeño de sus gobiernos municipales, saben muy poco acerca de la administración y gestión financiera de estos, acusando a muchos alcaldes y concejales de estar más atentos a las cámaras en actos oficiales o inauguración de obras que de comparecer ante los vecinos y explicar cuánto dinero están recibiendo, en qué lo están gastando, y a cuánto asciende el endeudamiento, así como sus causas, si lo hubiera.
Se menciona la posibilidad de que los alcaldes puedan actuar con las técnicas propias del caudillismo, con contratos para asegurar apoyo electoral, y de parecida manera asignación de recursos para obras, bienes y servicios a empresas y proveedores a veces vinculados con quienes trabajan en la plana mayor de los municipios.
Son estos los argumentos que pueden ser utilizados solapadamente para bloquear avances en la mayor autonomía local, no se debe escatimar esfuerzos para demostrar que en cuanto a buenas prácticas existe tanto el ser como el parecer.