La precariedad de la ley ha tenido como resultado que los crímenes contra las mujeres no se castiguen con firmeza y afecta la contabilización efectiva de un fenómeno que en nuestro país no se ha logrado ni dimensionar ni detener.
En la primera mitad de este año, la violencia contra la mujer ha cobrado su decimocuarta víctima, ni siquiera es, a pesar de su dureza, una cifra excepcional o definitiva, es un número que crece, un número que esconde una realidad insoportable, que las parejas tengan grados de violencia con resultado de muerte y que sea la mujer, sistemáticamente objeto de esa dolorosa circunstancia.
Mirada esta situación desde la distancia, podría tener alguna posibilidad de ser objetiva, ante la dificultad de sustraer aspectos afectivos, dada la cercanía de los hechos. El internacional medio El País, editado en España, hace un análisis del año recién pasado en lo relativo a este tema, aludiendo al feminicidio tanto como a los casos de asesinatos frustrados de mujeres por parte de sus maridos, novios o parejas.
Uno de los asuntos relevantes, en ese análisis es la información provista por el Ministerio de la Mujer chileno, en el sentido que sólo 12 % de las víctimas de los feminicidios del 2016 había presentado previamente denuncias por violencia contra sus agresores, ejemplifica con el caso de Alison Calderón, una estudiante chilena, de 17 años, residente de una zona popular del poniente de Santiago asesinada por el hijo, de 32 años de edad, de los cuidadores del establecimiento donde ella estudiaba.
Sin embargo, aunque hubo evidencia de la relación de poder que ejerció el hechor sobre esta muchacha y la existencia de agresión sexual, la legislación chilena no considera que este caso sea un feminicidio, una consideración que hace al respecto una de las integrantes de la Red Chilena Contra la Violencia Hacia las Mujeres.
Hace siete años, Chile tipificó el delito de feminicidio, con penas mayores cuando se cumplen algunos agravantes, a poco andar se hizo manifiesto que la legislación, como suele ocurrir, tenía falencias graves, en otras situaciones la ley puede contener errores o desprolijidades, pero en casos como este, el error atenta severamente contra la justicia, como aquí sucede, al no contemplar los crímenes cometidos por parejas, exparejas o con quien la mujer haya tenido un hijo. No resultan en consecuencia afectados los novios, los que matan a menores y hombres que no tenían vinculación con las asesinadas.
La precariedad de esta ley tiene como resultado, en interpretación del medio aludido, que los crímenes contra las mujeres no se castiguen con firmeza y afecta la contabilización efectiva de un fenómeno que Chile no ha logrado ni dimensionar ni detener, una conclusión que es confirmada por autoridades del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), con la declaración "Carecemos de registros unificados de información respecto de la violencia que viven las mujeres en nuestro país".
Como es de rutina, las cifras son diferentes, para las estadísticas del Gobierno, en un año, en 2015, por ejemplo, hubo 45 feminicidios, mientras que para otros organismos, como la Red Chilena Contra la Violencia, estos fueron 58, porque aparte de lo que la ley contemple, feminicidio o no, todos los asesinatos de mujeres en manos de hombres corresponden a una mujer muerta cada semana, al menos.
Claramente, existe un retraso respecto de otros países de la Región que cuentan con leyes integrales de violencia contra la mujer, pero la sola ley no cambia la cultura, allí radica la base de este doloroso asunto, la cultura del respeto a la vida, la cultura del respeto a la mujer.