La organización Chile Transparente advierte que a poco más de un año de su promulgación, las principales disposiciones relativas a la Ley 20.915, que regula a los partidos políticos, parecen estar lejos de cumplirse por parte de la mayoría de estas agrupaciones.
Decir la verdad no es precisamente la marca de clase de nuestros tiempos, presentarla puede parecer, cuando los valores sufren distorsiones notorias, muestra de ingenuidad, de simpleza, hasta cierto punto propias de inteligencias burdas y faltas de cultivo. Ha habido instancias históricas donde este modelo de comportamiento era compatible con sociedades sofisticadas y decadentes, sobre todo cuando se examina el verdadero sentido de sofisticar, que es sinónimo de falsedad.
Es entonces difícil esperar confianza cuando una herramienta de sobrevivencia funcionaria o política deba basarse en ocultar la verdad, deformarla, deteriorarla al estado de media verdad o media mentira, cuando no es posible, sencillamente, guardar silencio. Un escenario claramente incompatible con la sinceridad y la transparencia.
En todos los tonos se señala a la falta de transparencia, a la falta de confianza y credibilidad, como causa del alejamiento ciudadano y de incerteza o resguardo, cada quien con las cartas contra el pecho, incluso cuando hay una ley que obliga a mostrar la realidad tal cual es.
La organización Chile Transparente, ha alzado la voz, advirtiendo que a poco más de un año de su promulgación, las principales disposiciones relativas a la Ley 20.915, que regula a los partidos políticos, parecen estar lejos de cumplirse por parte de la mayoría de estas agrupaciones.
Es válido recordar que la ley en cuestión regula el principio de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio del derecho y las excepciones a la publicidad de la información, como reza su primer artículo, no como una sesión graciosa, sino una obligación aplicable, entre otros, a los ministerios, las intendencias, las municipalidades, las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, en explícito listado del segundo artículo.
La dirección de la organización aludida entregó los resultados del índice de transparencia de los partidos políticos 2017, que mide el acatamiento de las colectividades a la legislación que las rige en materia de transparencia. De acuerdo al informe, que examina a las 33 colectividades que actualmente están legalmente constituidas, el índice promedio fue 2,73, en una escala de 1 a 7. Una nota que el más elemental de los estudiantes reconoce como reprobatoria.
En pocas palabras, los partidos políticos no muestran claridad en cuanto al número de afiliados, declaraciones patrimoniales y de interés de sus candidatos y principales dirigentes, con preocupante turbiedad en lo relativo a ingresos y egresos económicos y declaración de intereses y patrimonio, rubro en el cual los partidos, en promedio, no superaron la nota dos.
En ese contexto, resulta explicable las dificultades para el proceso de refichaje, ya que se trataba de enfrentar la verdad, tarea infrecuente, que obligó a los partidos a mostrar las verdaderas cifras, desinflando magnitudes imaginarias que habían sido sus herramientas de posicionamiento e influencia.
Si se quiere avanzar en restaurar las confianzas, hay que empezar por ordenar la casa propia antes de delatar las desprolijidades del vecino, una fase previa a las buenas prácticas como único e irremplazable medio de recomponer los vínculos con la ciudadanía.