No importa qué gobierno continúe esta iniciativa, autoridades elegidas y consejos con atribuciones, además de fuentes de financiamiento, seguirán siendo un asunto a resolver, a pesar de todas las maniobras dilatorias esgrimidas con habilidad, fruto de la práctica, de quienes ven amenazadas sus cuotas de poder.
No importa qué gobierno continúe esta iniciativa, autoridades elegidas y consejos con atribuciones, además de fuentes de financiamiento, seguirán siendo un asunto a resolver, a pesar de todas las maniobras dilatorias esgrimidas con habilidad, fruto de la práctica, de quienes ven amenazadas sus cuotas de poder.
En la medida que se visualiza con relativa mayor nitidez las posiciones de partida de los candidatos y candidatas a la presidencia, empieza a perder relevancia el accionar de la clase gobernante. Aunque se intensifiquen las propuestas al terminarse los plazos, se trata de un gobierno que se retira para ser reemplazado por otro, que tendrá la misión de conducir el destino del país por otro cuatro años.
Sin que sea propiamente la oportunidad, ya es posible sacar las cuentas de lo que se ha avanzado, de los retrocesos y de las mutaciones, en diversos proyectos, como el de la descentralización, por ejemplo. El momento de balance e inventario del estado del arte de esta iniciativa, que bien podría ser la más históricamente relevante, al dar al país una nueva oportunidad de crecer en simetría, de hacer extensivo el progreso y la capacidad de prosperar hasta el más alejado y pequeño rincón de Chile.
Desde principios de su gobierno, la Presidenta Michelle Bachelet había prometido realizar las importantes transformaciones necesarias para el fortalecimiento de las regiones , con el antecedente de la promulgación de la Ley N° 20.678 que permitía la elección directa de los consejeros regionales. En consecuencia, creó, entre las medidas más tempranas de su gobierno, la Comisión Asesora Presidencial en Descentralización y Desarrollo Regional.
A partir del informe de ese grupo de trabajo, el asunto entró a un terreno de intensas discusiones, a partir del número de posibles Consejeros, según la población del último Censo 2012, este avance dejó afuera un tema que debió ser el primero en resolverse; los atributos de los Consejeros. Se produjo así una situación inconfortable, autoridades elegidas sin saber exactamente para qué y con qué funciones.
En otro frente polémico, se introduce la Reforma Constitucional que establece la elección directa de los futuros gobernadores regionales, que requiere para su implementación de la Ley Orgánica Constitucional. Se ha discutido el establecimiento de las inhabilidades para postular al cargo y este ha sido el principal escollo para su avance, cuando el principal problema es no replicar lo sucedido con los consejeros, es decir, cuáles serían las atribuciones del futuro cargo de gobernador.
En lo que se aprecia más bien como maniobras de distracción, los parlamentarios, hacen declaraciones asegurando su interés en conseguir la elección de los intendentes, o gobernadores, como se ha propuesto denominarlos, escabullendo el hecho que la dificultad mayor radica, no en la elección, sino en el traspaso de competencias.
Esta iniciativa está en su tercer trámite constitucional. Hace un año y medio aproximadamente fue aprobada por la Cámara de Diputados, con algunas modificaciones y, por ello, volvió al Senado, donde ha sido discutida por dos comisiones, de Gobierno Interior y de Hacienda. En la actualidad, el sigue estancado en la comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
Es difícil que este asunto se resuelva en medio de tanta cosa pendiente, pero no importa qué gobierno continúe esta iniciativa, autoridades elegidas y consejos con atribuciones, además de fuentes de financiamiento, seguirán siendo un asunto a resolver, a pesar de todas las maniobras dilatorias esgrimidas con habilidad, fruto de la práctica, de quienes ven amenazadas sus cuotas de poder.