Según cifras del Servicio Nacional de la Discapacidad, un 70% de chilenos con capacidades distintas no tiene un empleo remunerado.
Chile se ha convertido en el país pionero a nivel mundial en la aplicación nacional de la encuesta modelo de discapacidad, de la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, con un diseño que se enmarca en el enfoque de Derechos Humanos, de acuerdo a lo establecido por la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Como producto de este tipo de estudios es posible disponer de cifras que permiten formarse una idea razonablemente exacta de la situación en el país y, tangencialmente, del tipo de compromisos que habría que asumir para darle la debida respuesta. Un 16,7% de la población de dos y más años de edad se encuentra en situación de discapacidad, es decir, 2 millones 836 mil 818 personas. En nuestra región, las cifras corresponden a 18,3% del total nacional, lo cual representa aproximadamente 366.887 personas.
El número es un indicador básico, sobre el particular existe un extenso y bien documentado documento indispensable a la hora de requerirse mayores precisiones, como por ejemplo, respecto de la severidad de la discapacidad y su distribución.
Aparece aquí el primer factor inquietante, cuando se compara la severidad según el nivel ingresos, se observa que ésta es menor a medida que éstos últimos aumentan, de tal manera que en el quinto quintil de ingresos un 4,2% de personas se encuentra en situación de discapacidad severa, en comparación con el primer quintil, el de más bajos ingresos, que muestra un 12,8%, o sea más o menos el triple de mayor compromiso. Dado lo anterior, es muy grave que, según cifras del Servicio Nacional de la Discapacidad, un 70% de chilenos con capacidades distintas no realiza un empleo remunerado.
Es entonces muy bienvenida la iniciativa de legislar al respecto, así, con un amplio y transversal respaldo de los legisladores, fue aprobado recientemente, de manera unánime, el proyecto que incentiva la inclusión laboral de personas en situación de discapacidad, quedando en condiciones de convertirse en ley.
Entre otros considerandos, la ley establecería una reserva de empleos del 1% de ellos en organismos del Estado y empresas privadas que tengan 100 o más trabajadores o funcionarios. Consagra igualmente el principio de no discriminación en el Estatuto Administrativo e incluye a quienes reciben una pensión de invalidez. En una modificación importante, esta ley elimina la discriminación salarial, derogando el artículo número 16 de la Ley 18.600 que permite que las personas con discapacidad mental puedan percibir salarios menores que el sueldo mínimo.
Localmente, desde hace años, estos principios propuestos están en aplicación concreta, en los tres ejes definidos al respecto por el arzobispo de Concepción, Fernando Chomalí; dar trabajo digno, prestar un servicio a la sociedad y demostrar que los jóvenes y adultos con Síndrome de Down están capacitados para desempeñarse en un empleo cuando se les ofrecen las oportunidades para hacerlo, como en "Lavandería 21", un proyecto laboral de su diócesis en la Región del Bío Bío.
Esta iniciativa, única en su tipo en Latinoamérica, se concretó gracias a una red solidaria de empresas, instituciones y donantes anónimos. Las personas que allí trabajan han fortalecido su dignidad y mejorado su calidad de vida y la de sus familias, muestran un camino factible para cambiar una realidad nacional imperdonable.