A la hora de alimentarse, los jóvenes optan por costo y tiempo, por la solución más rápida y económica, interrogados al respecto, la comida rápida y barata, al pasar, incluso aquella que se expende en la calle, "salva" , en su propia expresión.
Bien poco menos de medio millón de estudiantes universitarios reciben ayuda para financiar su alimentación. A través de un subsidio que entrega la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas a los estudiantes de la educación superior más vulnerables del país, reciben una tarjeta con un saldo de 32 mil pesos, que pueden usar en una red de 3.600 puntos de canje como supermercados, restoranes y casinos, entre otros.
Para ser consecuente con una política de Estado, que busca promover la calidad de vida y en ésta, el concepto de alimentación saludable, la normativa nutricional de la Junaeb especifica que en el caso de los supermercados, almacenes y rotiserías los estudiantes no pueden comprar cigarrillos, fármacos, bebidas alcohólicas, bebidas gaseosas con azúcar y productos con alto contenido calórico.
Como suele ocurrir, es posible que hecha la ley hecha la trampa. La brecha en esta regulación es que la limitación en cuestión no opera en los restoranes, para los cuales no existe reglamentación en contrario, solo están obligados a tener disponible un Menú Junaeb y los estudiantes pueden optar entre este último o la oferta habitual de cada establecimiento.
Un medio de circulación nacional alude a datos obtenidos por medio de la Ley de Transparencia, el gasto más alto de la tarjeta Junaeb, durante 2016, fue en supermercados, por $67 mil millones, seguidos de los patios de comida, con cerca de 21 mil millones de pesos.
La conclusión inmediata, al observar estas cifras, es que el Estado aparece gastando una cifra de aspecto astronómico, 21 mil millones, para financiar la alimentación chatarra de los jóvenes, en medio de una dinámica, tanto gubernamental como cultural, de favorecer la alimentación saludable. Se podría también argüir que hace falta mayor supervisión y control de gastos, tener claridad sobre el uso de los recursos del Estado, que no es dinero propio ni de origen desconocido, sino del aporte de todos los chilenos, reclamar por la adecuada rendición de cuentas.
Sin embargo, este tema ha sido discutido bastante desde el gobierno anterior, se pudo haber regulado más, pero fue considerado inoportuno, políticamente incorrecto, en un ambiente de turbulencia estudiantil al momento de implementar esta ayuda. Esta iniciativa, la de obligar a consumir alimentos de determinada índole, hubiera sido agregar dificultades y polémicas. El otro aspecto, es que hay problemas de costo, se calcula que las dietas saludables tienen un precio 32% más alto que la dieta habitual.
A la hora de alimentarse, los jóvenes optan por costo y tiempo, por la solución más rápida y económica, interrogados al respecto, la comida rápida y barata, al pasar, incluso aquella que se expende en la calle, "salva", en su propia expresión. Determinando otra forma de segregación, mientras los más favorecidos desde el punto de vista socioeconómico buscan dietas equilibradas y orgánicas, los más vulnerables acuden a la comida alta en calorías y de precio accesible.
El comentario de los expertos es obvio; el problema también es cultural, y es muy simple: en Chile se come pésimo y sobre eso no hay conciencia, un comentario que no apunta a las barreras concretas y materiales para hacer de los cambios de la dieta una posibilidad real. Como en otras falencias en la sociedad chilena, habrá que progresar paso a paso, conjugando las conveniencias con las posibilidades.