En el estudio de los resultados, de los fondos provistos por la Ley Espejo para proyectos de transporte en las regiones, no se ha ejecutado un 23%, lo que representa una cifra acumulada de US$ 935 millones.
Como parece ser la tendencia natural, aparecido un problema, la primera reacción es hacer una nueva ley, sin verificar a cabalidad si con las muy numerosas otras preexistentes, hubiera bastado. En este caso en particular, resulta un poco más explicable, aunque en la secuencia equivocada; se anuncia, con cierto tono de generosa concesión, que se promulgará, el año próximo, la "Ley de Transferencia de Competencias a los Gobiernos Regionales"
La mencionada nueva ley, crea una división técnica para la gestión del transporte en cada región, dejando de paso un incómodo legado al gobierno próximo, que tendrá que lidiar con los mismos obstáculos que hubo en el presente, la falta de voluntad política para establecer atribuciones a los gobiernos regionales y proveerlos de relativa autonomía administrativa en el manejo de recursos, estos últimos correspondientes a la distribución equitativa de la riqueza nacional.
Un caso emblemático de la situación actual es la polémica por el uso de los montos de la Ley Espejo del Transantiago, cuyo propósito es lograr que los mismos montos inyectados al transporte capitalino sean invertidos en servicios equivalentes en regiones. Al terminar el año 2016, el estudio de los resultados, la simple comparación entre lo que había disponible como fondo y lo que se utilizó, según el espíritu de la ley en cuestión, muestra una diferencia notable de 23%, es decir, los recursos no ejecutados en proyectos de transporte en regiones, acumulaban una cifra de US$ 935 millones. Se ha ofrecido como referencia, para entender mejor la magnitud de la cifra, una comparación con los costos de la construcción del Puente Chacao de US$ 869 millones.
Desde la Subsecretaía de Desarrollo Regional, esta situación se explica porque "los gobiernos regionales no tienen ni las atribuciones ni el personal técnico capacitado para presentar proyectos de envergadura que permitan ejecutar a cabalidad estos dineros". En tanto que el presidente de la comisión de Transportes de la Cámara de Diputados, Mario Venegas, señala la inexistencia de información adecuada , "esto confirma una sospecha transversal en los parlamentarios de regiones, que hemos pedido a las autoridades, Ministerio de Transportes y Subdere, que entreguen información transparente y objetiva de que efectivamente se cumple el traspaso de recursos equivalente a lo que se gasta en Transantiago, pero nunca se ha entregado con toda claridad", según sus declaraciones a un medio capitalino.
Como es usual, hay prontas réplicas, desde la Subsecretaría de Transportes, se confirma la existencia del Fondo de Apoyo Regional (FAR), con recursos que se crean al no haber utilizado la totalidad de los fondos provenientes de la ley Espejo y que éstos, según una consulta a la Contraloría, pueden ser utilizados tanto en ejecutar proyectos relacionados con el transporte como cualquiera otra iniciativa que se vincule con el desarrollo regional.
La nueva ley contempla, además de la relación de atributos de los gobiernos regionales, el fortalecimiento los equipos técnicos de los Gores "porque sin duda hoy existe una brecha en sus capacidades", en los términos de la Subsecretaría mencionada.
Una lectura cuidadosa de estas declaraciones cruzadas, deja en claro el estado de conflictivo avance de la descentralización, que no saldrá adelante a menos que las regiones se lo tomen en serio.