Los impulsores iniciales afirmaron que prácticamente nada de la iniciativa original quedó reflejado en la definitiva, que buscaba establecer o regular la gratuidad en los estacionamientos que sirven a un centro comercial.
El camello es un caballo diseñado por una comisión, es un comentario sarcástico, popular ante la evidencia que no pocas veces los estudios encargados a grupos de expertos distan mucho de ser lo que todos esperaban, una situación que parece describir, grosso modo, lo ocurrido con la tramitación de la ley 20.967, que regula el cobro de servicios de estacionamiento.
En efecto, con el elegante encabezamiento "Tengo a honra comunicar a V.E. que el Congreso Nacional ha dado su aprobación al proyecto de ley originado en moción de los Honorables diputados señores Fuad Chahin Valenzuela, Marcelo Chávez Velásquez, Aldo Cornejo González, Sergio Espejo Yaksic, Iván Flores García, Pablo Lorenzini Basso, Víctor Torres Jeldes y Matías Walker Prieto" se procede a describir una normativa sobre estacionamientos cuya tramitación duró más de dos años.
Para empezar, los impulsores iniciales afirmaron, con inmediata prontitud, que prácticamente nada de la iniciativa original quedó reflejado en la definitiva, que buscaba establecer o regular la gratuidad en los estacionamientos que sirven a un centro comercial, según el diputado DC Chahín, uno de los coautores del documento inicial, quien señala, a título de ejemplo, que la propuesta de 2014 estipulaba una primera media hora gratuita, la que aumentaba a dos horas si el usuario presentaba una boleta de compra en el establecimiento.
Los términos empleados para describir la situación son bastante duros, "Lo único que logramos mantener fue la eliminación en el precio del ticket perdido y la primera media hora gratuita en los centros de salud", "este fue un proyecto súper complicado, porque desde el inicio de su tramitación no contó con la simpatía del Gobierno". Informan que el ejecutivo entregó una minuta con los puntos que generaban preocupación, más lo que describen como "un lobby desatado de la asociación de dueños de malls y centros comerciales", suficiente, en opinión de los legisladores, para hacer cambiar también la opinión inicial del ministro de Economía.
En apretada síntesis, la ley deja en libertad de las empresas la fijación de precios, mediante cobranza por minuto, una situación que ha sido descrita como favorable para quienes estacionen por menos de media hora, una situación poco frecuente. Para el diputado RN Jorge Rathgeb "fue peor el remedio que la enfermedad… claramente, la cantidad de personas que salen perjudicadas frente a las beneficiadas es mayor".
Se ha utilizado como justificación para las alzas de precios, la responsabilidad que la ley establece para las empresas frente a robos, hurtos o daños en los vehículos, argumento que no se sostiene, ya que la responsabilidad siempre existió. Por otra parte, hay procedimientos posibles para que esta responsabilidad pueda ser evadida, lo que provocaría que las cargas de prueba sean asumidas por el consumidor, siempre que este disponga de los medios y del tiempo.
Aunque es necesario considerar que hay personas que estacionan sus vehículos sin ser clientes, a veces el día entero- la aborrecible picardía nacional- , hay medios para resolver ese asunto, sin que castigar a la mayoría de los justos por estos pecadores. Sólo que no parece existir la capacidad para legislar de tal manera que la iniciativas resulten justas y razonables, que las leyes no sean desde la partida portadoras de forados y generadoras de nuevos e irritantes incordios.