La única verdad plausible, hasta ahora, es que el aumento del número de parlamentarios contemplados por la ley 20.840, resultará en responsabilidades compartidas por más actores, y no en mejores decisiones al haber más mentes a cargo. Efectivamente, la ley contempla aumentar considerablemente el número de parlamentarios, subiendo de 120 a 155 los diputados, y de 38 a 50 los senadores.

La decisión parece, para la ciudadanía corriente, a lo menos dudosa, existiendo descripciones menos medidas. Para la pobre opinión que de los parlamentarios se tiene, con el número actual bastaba y sobraba, sumado a los costos añadidos y la realidad económica del país, que han puesto restricciones a reformas del gobierno, como la educación gratuita para todos, o mejoras en el área de la salud; construcción de hospitales, disponer de suficientes o médicos especialistas, por aludir solo a algunas. 

En otro rubro, aunque igualmente en la lista de insatisfacciones, es la magnitud de las rentas de los funcionarios del Estado, no solo de cargos elevados, sino de aquellos de jefaturas menores en servicios y reparticiones cuyo nombre y función resultan absolutamente desconocidos para la ciudadanía. Es muy posible que la publicación detallada de esos puestos, ocupados por gente de confianza del ejecutivo, sea una auténtica sorpresa para los ciudadanos, más aún al saber sus remuneraciones, desproporcionadas con el nivel de renta promedio del trabajador chileno.

Cuando se menciona esta circunstancia, la argumentación de contraparte es la mención a los valores de mercado para funcionarios de ese nivel de competencia, lo cual sería comprensible. Lo lamentable es que, muchas veces, su nivel deja mucho que desear. En diversas instituciones no se hace bien la pega, o no se hace, o se hace mal. Un ejemplo tragicómico son los errores detectados en la construcción del puente Cau Cau de Valdivia, el primero basculante de Chile, un enorme proyecto vial, con un costo de $16 mil millones, descrito como emblemático para Chile y Valdivia.

Se puede agregar como parte muy parcial de una lista interminable, otra serie de errores con diversos costos, ninguno marginal; errores en la planificación del proyecto de Reforma Educacional y su secuela de protestas y daños colaterales, errores en el padrón electoral, el puente Chacabuco sin poder poner pie en la ciudad después de años de ser prácticamente terminado. Se han cerrado, para efectos prácticos, estos bochornosos asuntos sin esclarecer quiénes son los efectivamente responsables, si hubo negligencia culpable o notable abandono de funciones.

No ha pasado nada, asunto a olvidar, funcionarios que en el peor de los casos han pasado un mal rato, sin otra consecuencia, o traspaso de responsabilidad a funcionarios menores. No hubo culpa, no hubo pena, bastó con algunas explicaciones de dudoso tecnicismo. Nadie ha pagado. Es el mundo de la justicia del absurdo, funcionarios estatales que por esa condición no tienen responsabilidad penal por daño grave al Estado, por mal uso y despilfarro del dinero de todos los chilenos.

Es muy posible que aplicar la ley frente a esos hechos sea políticamente incorrecto.