Se percibe a las autoridades, a los organismos y a los políticos como entidades lejanas que van por una ruta diferente, ni siquiera paralela, sino divergente, a lo que de ellos y ellas esperaba la ciudadanía.

La relación sana entre gobernantes y gobernados en una democracia pasa necesariamente por la confianza y el respeto, el reconocimiento positivo generador de orgullo nacional ante la evidencia de buen y constructivo liderazgo, en su más básico concepto, la capacidad de conducir a todos hacia el cumplimiento de sus metas. El prerrequisito de tal condición son las pruebas objetivas que el gobierno, como representante del Estado genere esos indicadores.

Se puede comprender el estado de malestar de grandes colectivos nacionales al examinar los resultados del último Estudio Nacional de Transparencia, el cual muestra que el 63% de los chilenos percibe que los organismos públicos son corruptos, seis puntos más que en 2015. Además, la mayoría ve al Estado como distante e incluso discriminador y gran parte no puede identificar una institución que le dé confianza.

Por otra parte, además de registrarse un aumento de las personas que perciben un mayor grado de corrupción, seis de cada 10 chilenos opina que en estos hechos hay muchos funcionarios públicos involucrados, percepción que llegó al 54% en la medición anterior, con el agravante que el 85% cree que quienes cometen estos actos indebidos quedan impunes, un punto más que en 2015.

Las cifras son elocuentes, al tratar de definir la relación del ciudadano con el Estado, se puede observar un deterioro de este indicador, así entre los años 2013 y 2015, la relación descrita como distante aumentó de 73 a 84%, la no-cooperación de 71 a 77, el mal trato de 68 a 74 y la discriminación de 77 a 80, todos expresados en porcentaje de los consultados. Además, entre el 81% y el 91% de los chilenos tiene poca o ninguna confianza en la capacidad para resolver los problemas del país, según la categoría de función por la que se consulte; políticos, jueces, parlamentarios y autoridades políticas. Los que perciben peor relación con el Estado, son los que están más marginados de la sociedad y del sistema político. Mientras más incluido se siente el ciudadano, mejor relación percibe con el Estado.

No es la situación que la ciudadanía chilena quisiera encontrar, hay en ella un manifiesto divorcio entre las promesas electorales de cercanía hacia las necesidades de la comunidad y la lucha de las fuerzas políticas y administrativas del país por el bien común, más bien se percibe a las autoridades, a los organismos y a los políticos como entidades lejanas que van por una ruta diferente, ni siquiera paralela, sino divergente, a lo que de ellos y ellas se esperaba.

Para el presidente del Consejo para la Transparencia, José Luis Santa María, las cifras del estudio dan cuenta de "una crisis generalizada de desconfianza, que indudablemente se acentúa entre aquellos sectores más vulnerables, pues de alguna manera sienten una mayor desatención desde el Estado". Sin embargo, puede haber una distancia relativa entre percepción y realidad, una percepción de la corrupción mayor a la que existe realmente, dados los últimos casos de colusión entre empresas e irregularidades en el financiamiento de la política y las altas expectativas de la ciudadanía con respecto al perfil de sus autoridades y un importante control social de parte de las personas hacia las autoridades, cuestión que sin duda fortalece la democracia chilena, una ciudadanía alerta y vigilante a la cual debería prestarse mayor atención.