Es muy posible que buena parte de las grandes tareas del actual gobierno tenga que ser un encargo al que lo suceda. Algunas iniciativas con un estado de avance tan irregular que es muy posible, como ocurre a veces con algunas obras públicas, que tengan que ser hechas de nuevo, no siempre con los resultados esperados, según los incompletos o sencillamente desprolijos planes iniciales.

Si bien es cierto, las reformas tienen una base sustantiva en la necesidad de efectuarlas, eso no basta, por sí solo, para que tengan que hacerse, o que puedan hacerse en los tiempos y condiciones que estaban en la voluntad de quienes las impulsan. El consabido eslogan ni un paso atrás, u otro de similar impacto emocional, ha tenido que ser replanteado en más de una ocasión, cada vez que la expectativas del paso adelante fallaron en calcular cuan firme y sustentable había sido el paso anterior.

En la sombra ha estado la reforma de mayor trascendencia de todas, la Constitución, emprendimiento de tal envergadura que se utilizó, para empezar a marchar en esa dirección, el eufemismo; proceso constituyente, aludiendo más al proceso que al objetivo, que se ha establecido como base para legitimar la consulta a la ciudadanía.

Es de todos conocido el extendido capítulo de cabildos a diversos niveles, de donde se espera obtener la auténtica vox populi. Son los documentos que registraron lo ocurrido en esos encuentros lo que está en manos de los analistas, con los primeros comentarios esperables, ya que no hacen otra cosa que ratificar la opinión desde muchos ámbitos sobre las dificultades inherentes al proceso así como había sido planeado y considerando lo acotado de los plazos.

Para empezar hay que reconocer que en el proceso constituyente participaron 204.402 mil personas, en su momento se comentó que en la elaboración de la Constitución de 1833 participaron 36 personas; en la de 1925, 122 personas y en la Constitución de 1980, 12 personas. 

No puede negarse que la opinión de los chilenos, aunque sea una fracción de ellos, es importante al momento de escribir la Carta Magna, pero tampoco puede ignorarse que no todas las opiniones, deseos, intenciones y esperanzas de la ciudadanía son, necesariamente, materia de la Constitución. En efecto, muchos de los participantes en los cabildos, a todo nivel, pudieron haber tenido insuficiente conocimiento de la Constitución que nos rige y aun así desear que se reformara, de tal manera que se corrija automáticamente y por ese solo arbitrio, los problemas más evidentes de la nación.

El paso que sigue; encaminar las opiniones, es el trabajo de los sistematizadores, sin hacer de esa información uso sesgado, como parece desprenderse, por ejemplo, del estudio de la Universidad de Chile al determinar que el grueso de los asistentes a los encuentros locales defendió el derecho a la educación por razones vinculadas principalmente al desarrollo del país, representando solo el 3% quienes lo señalaron como un derecho social. Sin embargo, los sistematizadores definen el derecho a la educación como un derecho social.

Habrá, por supuesto, otras declaraciones y nuevos avances, pero es necesario que la opinión relevante mantenga su intencionalidad original, para que los organismos que corresponda elaboren una Constitución que la refleje, esta vez consagrada por los instrumentos de la democracia.