Debería ser una manera de estar en la capital regional; la limpieza y el cuidado del mobiliario urbano. Pero no siendo de esa manera, por lo menos en esta temporada, la que por motivos estacionales Concepción recibe más visitantes turísticos, es necesario cambiar las rutinas que se emplean para el aseo urbano, ya que está claro que como está, no es suficiente, los aseadores son sistemáticamente sobrepasados por los que ensucian.

No es un problema único en el mundo, lo que difiere es cómo se enfrenta, últimamente, el problema de Suiza se reduce a unificar las sanciones contra aquellos que tiren basura en las calles mediante la aplicación de una multa a nivel nacional de entre 100 y 300 francos, algo así como 65 a 200 mil pesos chilenos, además de los diversos castigos impuestos a escala cantonal, teniendo a la vista los altos costos de la limpieza de las calles.

Si las cifras parecen altas, no lo son tanto en países menos permisivos en lo referente a castigar a quienes arrojan basura a la vía pública: Singapur parece tener el liderazgo, el año 2014 duplicó por primera vez las multas que ascendieron a 2.000 dólares. Una segunda condena por el mismo delito obliga al pago de 4 000 dólares y de 10.000 en caso de reiteración, además, quienes ensucian las calles pueden ser obligados a cumplir 12 horas de servicio a la comunidad limpiando las calles.

Los países árabes por su parte, hacen lo propio, en el Emirato Árabe Unido de Dubái la multa por tirar basura en las calles es de 136 dólares y asciende a 272 dólares si los desperdicios son arrojados en las playas. En el diverso Estados Unidos, las leyes sobre el particular varían ampliamente y van desde multas menores a castigos de prisión, dependiendo del grado de la ofensa y el Estado en el que suceda.

Con esos antecedentes, añadidos al vox populi de los ciudadanos hastiados de lidiar con basura tirada en cualquier parte, es oportuna la insistencia del Senador, Baldo Prokurica (RN), en orden a acelerar la tramitación del proyecto de ley del cual es autor y que ya ha sido aprobado por el Senado. La iniciativa se encuentra en la Cámara de Diputados y pretende establecer sanciones efectivas para aquellas personas que ensucien o provoquen daños en playas, riberas de ríos, lagos y parques nacionales-, ya sea en multas o alternativas en trabajo comunitario de limpieza en los lugares afectados.

Se puede intuir las razones por las cuales este proyecto, claramente necesario al conocer el comportamiento de individuos y grupos en relación al cuidado de los bienes públicos y privados, puede estar relegado en el orden de prioridades, tiene la sombra más temible para nuestros políticos; el de la incorrección política, ya que es mucho más fácil y popular dejar que cada uno haga lo que le plazca, así sea al costo de dejar una playa inmunda, por dar un ejemplo, o un parque semi destruido después de un acto masivo.

Se llega a tal temor que parece valiente el solo hecho de presentar el proyecto, que ante la deformación de valores libertarios se podría tildar de antidemocrático y autoritario, ya que algún modo limita los derechos en cuanto al uso de los bienes de todos, sin reparar que ese derecho tiene obligaciones. 

Existen, sin embargo, normas y reglamentos vigentes que permiten actuar con más energía a este respecto, la autoridades de la ciudad deben iniciar de una vez por todas un ataque frontal a los que ensucian la ciudad.