No es necesario trepar a los altos estratos de la política y la empresa para observar zonas sombrías donde es posible que ocurran hechos reñidos con las buenas prácticas, derechamente ilegales, o potencialmente punibles, por constituir comportamiento delictivo. La corrupción puede estar siendo un acontecer casi rutinario en varias municipalidades del país, un modo mañoso de actuar en la administración de los bienes y de maniobras antiguas para distraer fondos, o dilapidarlos, procedimientos tan antiguos que para los más cínicos deberían constituir derecho.

El fenómeno es observable tan pronto se producen alternancias políticas en el gobierno municipal, si en tempos pasados estas transiciones solían efectuarse entre cuatro paredes, dejando a la ciudadanía aparte. En el actual mundo de las transparencias, eso deja de ser aceptable y lo normal es que la nueva autoridad quiera partir con la casa en orden.

En ese contexto, el nuevo alcalde de Santiago, en su primer discurso, aseguró la existencia de problemas financieros, por lo que anunció una auditoría externa "para conocer la envergadura de esta situación y tomar las medidas necesarias para abordarla". Declaró haber recibido un municipio con problemas económicos en áreas sencillas, razón que lo ha movido a realizar una inspectoría cabal de las finanzas municipales.

En parecidas circunstancias se han producido maniobras contractuales en los períodos de cambio de mando, en este caso, el alcalde Alessandri apuntó a la renovación contratos de trabajadores por parte de la administración anterior, lo cual consideró que "sin duda es un amarre".

Con ello recalcó que "las transformaciones y el cambio en la mirada sólo pueden impulsarse con el apoyo de los equipos municipales, no pueden estar al margen de quien día a día están en contacto con la comunidad y sus realidades y como autoridad es mi obligación convocarlos a ser activos protagonistas en ese desafío". Además, reiteró la creación de una fiscalía comunal, que dará asesoría jurídica y psicológica gratuita a los vecinos víctimas de delitos. 

En el cambio de autoridades en Hualpén se ha ido más allá de los anuncios. Efectivamente, en la auditoría encargada, la Contraloría General de la República ha informado de un listado de hechos irregulares de la anterior administración, entre otros, obras municipales de reparación de inmuebles públicos y un bus financiado con Fondos de Apoyo a la Gestión Municipal de Educación por un monto de $117.500.000, con fotografías de la ahora ex alcaldesa. 

Se constató que 26 funcionarios no cuentan con autorización para registrar su asistencia en el libro de control de asistencia y otros presentaron omisiones de registro ya sea de entrada o salida, las que no se encontraban debidamente justificadas por sus jefaturas.

No se ha terminado de barrer debajo de la alfombra, es de suponer que circunstancias similares puedan haber ocurrido en otras partes. No hay intención de ofender a nadie, solo que es saludable deshacer las dudas, asegurar la probidad, lo que debe quedar fuera de sospecha es el recto proceder de las autoridades edilicias reelegidas. Cuentas claras y chocolate espeso para iniciar un nuevo período con la frente en alto.