Concurren aspectos tanto económicos como culturales, aunque es muy posible que sean estos últimos los responsables de dietas inadecuadas, ya que si bien hay factores económicos, muchos pueden soslayarse con cambios en las prioridades del consumo familiar o por el esfuerzo adicional de preparar la alimentación adecuada.

 

No debería ser difícil cambiar los hábitos de alimentación, si el cambio consiste en utilizar alimentos agradables y atractivos y al alcance de todos, sin embargo, a pesar de incansables esfuerzos, por décadas, de impulsar la dieta saludable, esta sigue siendo una meta incumplida. La publicidad ilustra los avances, en la mayoría de los casos transitorios, mostrando escolares con frutas en las manos, mientras desde tiempos lejanos se señala la paradoja de Chile, país de larga costa y de mínimo consumo de pescado.

Si bien es cierto, hay aspectos educativos para lograr cambios de hábitos, hay otro factor, más insinuado que descrito, para impedir el cambio de dieta, que se refiere a los costos, un aspecto que ha sido señalado en un estudio realizado por el Ministerio de Salud, con apoyo de la Comisión Económica para América Latina y la Organización Panamericana de la Salud, que analizó el porcentaje de la población que tiene acceso a alimentos con criterios esenciales de calidad.

En ese informe se concluye que un 27,1% de los chilenos no puede financiar una alimentación saludable según los estándares nutricionales recomendados para el país. Para llegar a esta conclusión, se utilizó datos de la encuesta Casen de 2013 y de la actual Canasta Básica de Alimentos, un instrumento estadístico que se usa para medir la pobreza mediante su costo y acceso, más otro indicador paralelo, denominado Canasta Alimentaria de Calidad, que sigue las guías alimentarias del Minsal y elimina los productos de bajo contenido nutricional.

En ese último conjunto de productos, que incorpora más frutas y verduras, se establece un costo de $ 43.872, el cual es 36,1% más caro que la canasta básica, que al momento de realizar la investigación tenía un valor de $ 32.239. En conclusión, el informe señala que "incorporar este tipo de mediciones dentro de las políticas públicas implica comenzar a mirar un aspecto que ha sido escasamente abordado en Chile… la seguridad alimentaria en un país cuyo principal problema nutricional y epidemiológico es la malnutrición por exceso".

Probablemente, según lo señalado al inicio, no es este impedimento el único factor, ya que coexisten otros elementos socioculturales. Desde el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (Inta), se argumenta que la obesidad no obedece solo a un problema de acceso: "En el país existe un altísimo consumo de bebidas, de pan, y esto es lo que consumen los niveles socioeconómicos bajos. El kilo de pan vale el doble que uno de frutas, y las bebidas también tienen valores altos".

Concurren entonces aspectos tanto económicos como culturales, aunque es muy posible que sean estos últimos los responsables de dietas inadecuadas, ya que si bien es cierto hay factores económicos, muchos de ellos pueden soslayarse con cambios en las prioridades del consumo familiar o por el esfuerzo adicional de preparar la alimentación adecuada, especialmente para los niños, ya que es evidentemente menos complejo adquirir comida chatarra que no requiere un tiempo de elaboración.

La ley de etiquetado puede tener un impacto en esta situación, pero este puede fácilmente perder su eficacia si no es respaldada por una campaña permanente y horizontal sobre la importancia de la alimentación sana, en contraste con aquella que a la larga tiende un puente amplio a una serie de patologías graves, de alta frecuencia en el país.