Una de las competencias más importantes para el buen gobierno es no confundir las prioridades, hacer primero lo que más importa, pero al mismo tiempo con una visión lo suficientemente amplia como para no postergar otros asuntos que aunque parezcan de menor urgencia tendrán un profundo impacto en el futuro mediato. En este aspecto hay dos problemas a título de ejemplo, diametralmente opuestos en la escala de valores, Delincuencia vs. Investigación y Desarrollo. 

En un informe titulado "Los costos del crimen y la violencia en el bienestar en América Latina y el Caribe", del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los expertos de ese organismo estimaron que Chile destina el 2,42% de PIB en asuntos relativos a la prevención y combate de la delincuencia una cifra aproximada de US$ 3.889 millones, es decir, cerca de 2,7 billones de pesos.

Para llegar a ese monto, el grupo de investigadores encabezados por el académico Mauricio Olavarría de la Universidad de Santiago analizaron gastos asociados a atenciones de salud y costos producto de la violencia intrafamiliar, a lo cual se suma los costos de prevenir delitos y aquellos ligados al sistema de justicia penal. En términos generales, los costos, gastos, pérdidas e inversiones que realizan los hogares, empresas y el Estado en relación al fenómeno de la delincuencia.

Comparativamente, el estudio describe la situación de Costa Rica, Honduras, Paraguay y Uruguay. Siendo Chile es el que más gasta, seguido muy de lejos por Uruguay, US$ 895 millones; Paraguay, US$ 763 millones, Honduras US$, 704 millones y Costa Rica con US$ 684 millones.

Las cifras puras y duras son muy elocuentes, así, las inversiones que realizan los chilenos para protegerse ascienden a US$ 1.475,30 millones, en instalación de cámaras, alarmas, personal de vigilancia, entre otros, Los montos derivados de la ocurrencia de un ilícito como los robos, hurtos, homicidios, sustracción de vehículos y la atención de salud de las víctimas, bordea los US$ 1.259 millones. La violencia intrafamiliar, por otra parte de creciente preocupación en Chile, es la razón por la cual un 4% se inhiben de trabajar por prohibición de parte de sus parejas, la estimación del ingreso no percibido por esta causa se estima en US$ 1.119 millones.

Esa pérdidas de patrimonio son asumidas por la ciudadanía ante la evidente incapacidad del Estado para honrar el artículo primero de la Constitución, que expresa textualmente que es un deber del Estado resguardar la seguridad nacional y dar protección a la población y la familia, por tanto es una forma obligada de los chilenos para subvencionar la labor estatal.

En contraste con esos montos, Chile es el país con menor inversión en investigación y desarrollo (I+D) de la Ocde, efectivamente, según encuestas de Gasto y Personal en Investigación y Desarrollo del Ministerio de Economía, se registra, en 2013, un gasto en esta área equivalente al 0,39 % del PIB, gasto muy bajo si se compara con el de los países de la Ocde, en los que el promedio asciende a 2,4% del PIB, con Corea del Sur en el rango superior con 4,36 .

La inversión en I+D es el motor de salida del desarrollo, lo que a mediano plazo es la mejor herramienta para disminuir la delincuencia. Es visible la existencia de un círculo vicioso autoperpetuante; poco dinero para I+D, demasiado para combatir la delincuencia.