Es posible que la invulnerabilidad y blindaje de algunos funcionarios públicos, presentes a pesar de desprolijidades, malas prácticas, errores de elevado costo para el erario nacional, expliquen por qué, para los chilenos, la percepción de la democracia como la mejor forma de gobierno haya sufrido una disminución ostensible.
Puestos a pensar en serio, habrá que poner en la tabla del debate, abiertamente, sin cartas bajo la mesa, qué sistema político es mejor para Chile, si existe una mejor opción a la democracia, considerar las diversas propuestas que parecen plausibles cuando las organizaciones tradicionales no dan suficientes muestras de atender los reales problemas de la gente, cuando se transforman en organismos autoperpetuantes con conductas dignas de reparo. En términos más concretos, cuando se tiene desconfianza en la rectitud de quienes debieran ser los referentes de las buenas prácticas.
No ha aparecido la instancia de la autocrítica auténtica, aquella seguida de las consecuencias, no importa cuán serias. El 4 de junio de 1963, el entonces primer ministro británico recibe una carta de su ministro de Defensa, entre sus párrafos se podía leer: "en mi declaración dije que no había habido impropiedad alguna en esa relación. Para mi profunda consternación, he de admitir que no era cierto, y que le engañé a usted, a mis colegas y a la Cámara… me he hecho culpable de una grave falta, y a pesar de que no existe verdad de ninguna clase en las demás acusaciones, no puedo seguir siendo miembro de su administración, ni de la Cámara de los Comunes".
El autor de la misiva era John Profumo, un político educado en Oxford, proveniente de una familia de elevada posición económica, miembro del Parlamento y más tarde designado ministro de Defensa en el Gobierno de Harold Macmillan, un sector del partido veía en él el candidato perfecto para primer ministro de Gran Bretaña. Había cometido una publicitada indiscreción diplomática.
Ante situaciones, aunque disímiles, pero aún de mayor gravedad, algunos políticos chilenos han aludido a la necesidad de una regeneración de la vida pública, sobre todo ante la reiterada y cada vez más enfática expresión popular demandando cambios en ese sentido. Aún con la irrupción en el escenario electoral, de nuevos partidos que han convertido esa regeneración en santo y seña de sus postulados políticos, lo cierto es que sobre el particular no aparecen medidas concretas, salvo propuestas que prontamente se diluyen a la hora de generar consecuencias reales.
Carlos Domínguez Luis , abogado del Estado y académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación española, opinando sobre el particular, con el explícito encabezado "La necesaria regeneración democrática", declara: "no es propio de sociedades democráticas avanzadas el traslado, al Poder Judicial, de la responsabilidad de dotar de higiene ética a la política. Es verdad que las conductas delictivas hallan en la jurisdicción la sede adecuada para la exigencia de responsabilidades. Sin embargo, existe un amplio elenco de comportamientos inaceptables moralmente -como mentir- que, sin exigir la intervención judicial, deberían dar lugar a la salida de los cargos públicos de los que así actúan".
Es posible que la invulnerabilidad y blindaje de algunos funcionarios públicos, presentes a pesar de desprolijidades, malas prácticas, errores de elevado costo para el erario nacional, expliquen por qué, para los chilenos, la percepción de la democracia como la mejor forma de gobierno haya sufrido una disminución ostensible, pasando de 73% el año 2006 a 67% el año pasado. No es difícil intuir lo que resulta indispensable hacer para quebrar esa preocupante tendencia.