La evidencia sobre la letalidad de estos paros no es conclusiva. Un estudio con el elocuente título "¿Las huelgas matan ?", publicado por American Economic Journal: Economic Policy, el 2012, resume que al evaluar los efectos de las huelgas de enfermeras en los hospitales, se observa que estas acciones aumentan la mortalidad hospitalaria en un 18,3 por ciento.
Hay señales no siempre directas e indesmentibles cuando las circunstancias parecen tomar rutas erróneas, por eso mismo puede ocurrir que se persevere en la trayectoria de colisión, por no dar fe a dichos indicadores imprecisos. Hace algunos meses, ante una situación no infrecuente, la Corte de Apelaciones de La Serena condenó al Servicio de Salud de Coquimbo a pagar una indemnización de ciento sesenta millones de pesos, al familiar de una paciente fallecida por la falta de servicio en parto, pues no se había actuado conforme a la evolución del embarazo y hubo una tardanza injustificada en la atención del parto, personal del hospital insuficiente y que no había desplegado todos los medios que disponía para atenderla.
Es dable pensar entonces cuál es el costo en vidas humanas y en secuelas graves o invalidantes de paros de larga duración en los servicios de salud, con discutibles turnos éticos. Ha de ser por eso que en varios países este sector tiene restricciones a la hora de ejercer su derecho a la huelga. Por urgentes que los trabajadores de la salud perciban que son sus demandas, debe haber un modo de hacerlas valer sin sacrificar la vida de sus semejantes, o utilizar a sus pacientes como rehenes, hasta las últimas consecuencias.
El tema podría ser opinable, desde la negación absoluta de consecuencias para los pacientes, que un mínimo de lógica descartaría por alta improbabilidad, a efectos múltiples y fatales, que podría ser calificado como tendencioso, o como una forma ilícita de actitud antisindical.
Para tratar de sopesar el impacto de estos movimientos gremiales en la salud de las personas involucradas, se ha puesto históricamente algunos resguardos, con reservas debidas al temor de los legisladores sobre las consecuencias sanitarias de una huelga, como se ha observado recientemente en Chile, donde se ha tenido que decretar alerta sanitaria en varias regiones la nuestra incluida, ante un movimiento gremial de larga duración, con más de 6.000 mil cirugías programadas y más de 20 mil atenciones médicas que han debido ser suspendidas en consultorios y hospitales del país, por no contar con los funcionarios suficientes para la atención de pacientes.
La evidencia, todavía en construcción, sobre la letalidad de estos paros no es conclusiva, un estudio con el elocuente título "Do Strikes Kill?: evidencie from New York State" (¿Las huelgas matan ?: evidencia del estado de Nueva York) publicado por American Economic Journal: Economic Policy, el año 2012, resume que al evaluar los efectos de las huelgas de enfermeras en los hospitales, controlando la heterogeneidad hospitalaria específica, se observa que estas aumentan la mortalidad hospitalaria en un 18,3 por ciento, con pocos cambios en la demografía del paciente, gravedad de la enfermedad o intensidad del tratamiento.
Es posible que existan factores que permitan relativizar estos resultados, pero en la situación que Chile ha vivido han estado ausentes no solo las enfermeras y no se conoce el impacto de esta situación prolongada en los servicios asistenciales nacionales. La discusión ha estado centrada en el porcentaje de reajuste, o los costos que significan sostener un estado de alerta sanitaria, pero hay razones para requerir información sobre el costo en vidas humanas, un tema que no parece preocupar a nadie. Ciertamente hay un amplio espacio para la duda.