La discusión se puede eternizar sobre estos montos, o el espíritu de la ley, sobre los temores centrales de delegar atribuciones, de debilitar la unidad del país. Elegir un gobernador en medio de ese mar de incertezas ciertamente no contribuye a despejar el horizonte.
Realmente es muy difícil compartir el entusiasmo y el sacudimiento de banderas en la Cámara de Diputados al conocerse la aprobación de la Reforma Constitucional que crea la figura de los gobernadores regionales y su elección mediante el sufragio universal, aunque hay que destacar que este entusiasmo se expresa en un grupo de parlamentarios de la Nueva Mayoría, aún a sabiendas que el proyecto tiene por delante una serie de barreras para convertirse en ley, por una parte los tiempos y por el escenario electoral que tendrá a la clase política concentrada en las maniobras clásicas del juego de poderes.
En septiembre de este año, circuló de modo reservado entre senadores que integran la comisión de Gobierno un documento elaborado por el Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica, que concluye, entre otras cosas, que la iniciativa se podría convertir en una reforma ineficaz, que no cumpla con las expectativas que se han generado y que finalmente produzca efectos imprevisibles para el país, "un polvorín de imprevisibles consecuencias para Chile", además de considerar el debate en torno a lo desfavorable que resulta el avanzar primero en una reforma constitucional que permite la elección del intendente o un gobernador regional posponiendo lo que se considera fundamental: las competencias, atribuciones y financiamiento de las autoridades.
Desde la vocería del Gobierno, se replica que dicha visión "no obedece a la realidad", que la comisión de expertos convocados por el ejecutivo ha concluido con bases sólidas "que la elección constituye un avance que el país tiene que hacer", agregando que el documento en cuestión tiene una idea "centralista" y "hecha desde Santiago".
Algunos parlamentarios han relativizado los términos del documento, que la iniciativa trata de establecer avances progresivos y que éste expresa opiniones que se vierten antes de la legislación, aún así, la verdad parece estar del lado de la lógica, empecinarse en la elección de los intendentes sin traspaso de competencias, como ha sido la opinión de algunos senadores. Aunque ante este argumento se haya indicado la existencia de 49 nuevas facultades, los propios Cores entregaron una minuta a los senadores, diciendo que no han encontrado "la numerosidad de competencias informada" y que si profundizan "en la calidad y naturaleza" de ellas, "no son nuevas, sino pequeñas modificaciones que son obligatorias de otras transformaciones legales mayores".
Se reclama igualmente que la eventual ley "no presenta nada distinto de lo que hoy ocurre con el 92% del presupuesto que se invierte en las regiones", que según esa declaración continuará siendo resuelto por el Gobierno de turno.
La discusión se puede eternizar sobre estos montos, o el espíritu de la ley, sobre los temores centrales de delegar atribuciones, de debilitar la unidad del país. Elegir un gobernador en medio de ese mar de incertezas ciertamente no contribuye a despejar el horizonte, se ha mencionado a la lógica, que determina la conveniencia que determinados eventos se encadenarse en una secuencia adecuada según un orden de prioridades, pero existe además el argumento concreto de la experiencia local, al observar la situación del Consejo Regional, con integrantes democráticamente elegidos y sin atributos claros, a pesar de largos y complejos trámites. No puede esperarse que las regiones avancen con desconfiados simulacros de descentralización.