El incremento del 50% en los últimos cuatro años de las personas que declaran tener una dificultad permanente ha sido interpretado por los expertos como una consecuencia del aumento de personas mayores de 60 años.
Es notable que un país como Chile, en un plazo relativamente corto, haya modificado profundamente sus cifras en lo referente a parámetros de salud y muestre cifras de mortalidad infantil parecidas a los mejores países del primer mundo, además de haber controlado con eficacia enfermedades de elevada mortalidad. Aparejado a esa situación ha sido el aumento de esperanza de vida. Los chilenos viven más.
Paradojalmente, como los progresos de otros sectores del desarrollo o de la sociedad no han ido aparejados con esos cambios, hay numerosos conflictos, actuales o latentes, ante ese nuevo escenario, que plantea desafíos por diversos flancos, como la presencia de una cada vez más numerosa población pasiva, con pensiones insuficientes y limitadas oportunidades para asistencia social como la que se requiere, de amplia cobertura y de progresiva mayor complejidad.
El resultado se describe, más que como un logro, como un problema que resolver; el progresivo envejecimiento de la población chilena, no con la natural alegría de retener a los mayores en sus familias por más tiempo, sino con la preocupación por las demandas potenciales para darles debido cuidado.
Uno de los problemas más inmediatos y comunes es el planteamiento de desafíos para la infraestructura urbana, una situación que debe ser recogida con presteza por las autoridades edilicias, ya que los servicios para personas con dificultades permanentes de movilidad van a tener que ampliarse y multiplicarse más rápido de lo que primeramente se pensó.
Los datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (Casen), analizados por el Instituto Libertad y Desarrollo, muestran que si en 2011 había 1.069.000 casos reportados sobre condición permanente de dificultad, a solo cuatro años de distancia, en 2015, esa misma condición ha sido descrita en 1.558.000 casos.
En efecto, el 4,7% de las personas declaró tener alguna limitación, con muchas de ellas enumerando hasta tres dificultades crónicas o de larga duración, el tipo de dificultades aludidas por los consultados se refiere a movilidad, seguidos de ceguera, sordera y algún trastorno mental. El 3.2% con alguna dificultad física y el 1.9 % con ceguera o alguna dificultad de esa naturaleza, aún usando anteojos.
El incremento del 50% en los últimos cuatro años de las personas que declaran tener una dificultad permanente ha sido interpretado por los expertos como una consecuencia del aumento de personas mayores de 60 años. Es interesante consignar que el 50% del aumento es debido a que alrededor de 220 mil personas se sumaron ese grupo mayor, más el impacto de otros factores, como la mayor disponibilidad de información sobre males y el consecuente aumento de conciencia de las personas para declararlos, cuando antes se les dejaba pasar o no se les consideraba una consecuencia inevitable de la edad avanzada.
Si bien es cierto, los primeros actores para enfrentar esa situación son los servicios de salud, hay también claras demandas para el resto de las instituciones, para responder a necesidades diferentes, de acceso, de facilitación, tanto en servicios públicos como en la estructura de las ciudades y los medios de transporte. Por un buen tiempo habrá que mirar la realidad desde la óptica de la persona que sufre esas limitaciones y hacer la ciudad apta para todos, como estamos todos obligados, ahora por ellos, más tarde para nosotros.