Además de escuchar las consabidas expresiones de condena por parte de las autoridades, se requiere de una vigilancia solidaria del entorno social, la denuncia de los hechos violentos, sin detenerse por el falso derecho a la privacidad.
Además de escuchar las consabidas expresiones de condena por parte de las autoridades, se requiere de una vigilancia solidaria del entorno social, la denuncia de los hechos violentos, sin detenerse por el falso derecho a la privacidad.
Sería funesto que, por no repetir una mala noticia, se omita hacerlo, sobre todo cuando se trata de delitos gravísimos. No puede llegar una sociedad al estado de considerar al crimen como normal por el solo hecho de ser frecuente. Es esta una situación ante la cual hay que permanecer en estado de alerta y vigilancia. No es una opción cerrar los ojos y simular que no ocurre.
Especialmente ante la realidad brutal y repetida de la violencia que afecta a mujeres de cualquier edad, condición económica y social y de cualquier religión, esa que puede ocurrir al interior de la pareja, en el trabajo, en los lugares de estudio y en los espacios públicos, en el ámbito del hogar, muchas veces teniendo como testigos a horrorizados niños menores.
La ministra del Sernam, Claudia Pascual, en relación a la forma más extrema de esta violencia declara; "un femicidio no ocurre por el uso de alcohol, de drogas. Los femicidios ocurren porque vivimos en una sociedad donde aún se permite vivir en desigualdad entre hombres y mujeres". Una realidad que parece impensable para quienes no la tienen en su propia historia de vida y ausente absolutamente de su realidad cotidiana, pero angustiosamente concreta en muchas familias y parejas.
Las cifras son de clara y cruel elocuencia; 105 femicidios frustrados durante el presente año, desde el año 2015 a la fecha han muerto asesinadas por sus parejas 36 mujeres, una situación que un importante medio español destaca, tanto la alta cantidad de asesinatos de mujeres en Chile, como una legislación insuficiente, que en la opinión de esa publicación "provoca que los crímenes contra las mujeres no se castiguen con firmeza y afecta la contabilización efectiva de un fenómeno que Chile no ha logrado ni dimensionar ni detener".
La alusión a un comentario extranjero se debe a que no se trata de un asunto que pertenece al ámbito propio del país, la violencia contra las mujeres es un tema de Estado. La comunidad internacional ha señalado que constituye una violación a los Derechos Humanos y el Estado de Chile es parte, no es en consecuencia un asunto que deba ser enfrentado por una institución del servicio público, es todo el aparato estatal el que está involucrado.
Recientemente, una joven, que se encontraba embarazada de tres meses, fue encontrada sin vida por Carabineros, tras la confesión de su pareja mientras era trasladado al hospital San José, luego de que intentara quitarse la vida. La víctima, madre de dos hijas de 3 y 4 años, se convirtió en la mujer número 30 asesinada en lo que va del año, según los registros del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género.
La violencia en las parejas tiene prolegómenos precoces; la relación abusiva o violencia física es considerable en los jóvenes chilenos, un estudio para evaluar la violencia dentro del pololeo demuestra que el 14,77% de los jóvenes encuestados reconoció directamente haber sido víctima de su pareja, dejando en evidencia la necesidad de intervenir tempranamente para erradicar formas de comportamiento de aparente intrascendencia.
Por lo pronto, además de escuchar las consabidas expresiones de condena por parte de las autoridades, se requiere de una vigilancia solidaria del entorno social, la denuncia de los hechos violentos, sin detenerse por el falso derecho a la privacidad. Las denuncias tempranas y reiteradas pueden salvar vida de víctimas incapacitadas para defenderse por sí mismas. No puede haber en esto ausencia premeditada de testigos.