Las cifras son aterradoras. Según últimas estadísticas del Ministerio Público, setenta mujeres fueron asesinadas en un contexto doméstico y las denuncias por violencia contra la mujer, transcurridos nueve meses de este año, superan las 40.000.
Las cifras son aterradoras. Según últimas estadísticas del Ministerio Público, setenta mujeres fueron asesinadas en un contexto doméstico y las denuncias por violencia contra la mujer, transcurridos nueve meses de este año, superan las 40.000.
Se puede llegar a entender que la igualdad absoluta en la sociedad sea difícil de conseguir, fin utópico que puede ser cambiado, en términos realistas, a una no menos compleja equidad, que reconociendo las naturales desigualdades, por diversas causas, resulte en una condición de equilibrio que permita a todos tener una parte justa de los bienes conseguidos por el común esfuerzo, además de una consagrada igualdad ante la ley, que también se encuentra en entredicho.
Sin embargo, lo que no puede seguir ocurriendo es que aún persista una intolerable inequidad relativa al género de la persona, que ser mujer sea una desventaja intrínseca e insalvable y que por eso sea permisible toda suerte de abusos, que si se limitaran a lo laboral o financiero admitiría un programa para ponerle remedio a corto plazo, pero cuando se trata del derecho a la dignidad o la vida, es una circunstancia insoportable y cuyo término debe ser en el plazo más terminantemente breve.
Se ha puesto en la conciencia del país la protesta "Ni Una Menos", grito colectivo contra la violencia machista, sucesivos y recientes crímenes hacen inexplicable que el tiempo transcurra y las reacciones consistan principalmente en declaraciones y ejercicios legislativos.
Si hubiera auténtica consciencia sobre esta situación, prolongada en Chile por decenios, se habría actuado con más decisión y eficiencia un informe especial de las Naciones Unidas, hecho con informada argumentación -con motivo del bicentenario del país- sobre la igualdad de género, materia que esa Organización declara como una de las luchas más importantes y sostenidas en el tiempo.
Las cifras son aterradoras, según las últimas estadísticas entregadas por el Ministerio Público, 70 mujeres fueron asesinadas en un contexto doméstico y las denuncias por violencia contra la mujer, transcurridos nueve meses de este año, superan las 40.000, aunque si se suman las amenazas y el maltrato habitual las cifras se empinan a 93.347.
En un contraste alarmante, las condenas resultantes apenas se acercan al 10% cada año. Datos prexistentes, según la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, indican que un 36% de las mujeres que han tenido alguna relación de convivencia entre los 18 y los 65 años ha sufrido violencia por parte de sus parejas, ya sea psicológica, física o sexual.
Se concluye, aunque sin los cambios efectivos esperables, que la violencia es uno de los núcleos duros que más importa destruir hacia una mayor igualdad. Una mujer que sufre violencia no sólo siente la vulneración de sus derechos humanos, sino que se enfrenta a la expresión máxima de la representación del poder masculino tradicional: dominación por fuerza. Una mujer golpeada es herida dos veces: por el agresor y por la sociedad que opta por mirar para otro lado, o peor aún, legitima estas actitudes.
No debería ser necesario esperar por más víctimas, o contemplar nuevas marchas, es preciso dar a esta situación la importancia que tiene y establecer una legislación de incuestionable dureza, debe quedar en evidencia que este tipo de delito tiene las consecuencias que debe tener uno de lesa humanidad, elaborar una institucionalidad que refleje una decidida política de Estado.