Como lo saben muy bien los administradores más calificados, el solo hecho que un problema deje de tener todos los focos encima no significa que ha desaparecido. La mayoría de las veces esto ocurre porque ocurren otras cosas más llamativas o más urgentes, para no mencionar la ocurrencia de hechos catastróficos que transforman problemas graves en incidentes postergables.

Todos los asuntos que han repletado la agenda nacional, AFPs, financiamiento universitario, elecciones municipales, fondos reservados del cobre, en lacónica e incompleta síntesis, han dejado en segundo plano un factor que jamás debe ocupar esa tranquilizadora ubicación. La corrupción está siempre cercana y al acecho, perderla de vista significa redescubrirla más tarde, solo que más ubicua y adaptada para resistir maniobras de detección y control.

Resulta entonces conveniente no bajar la guardia, impedir que furtivamente se reinstalen las maniobras dolosas que dañaron a modestos chilenos y causaron perjuicios considerables a los bienes del Estado, sin que haya quedado en evidencia, para el ciudadano común, si alguien ha pagado en justicia por tanto plato roto.

Se ha discutido en muchos ámbitos los resultados de una encuesta, dirigida precisamente a verificar esa posibilidad, de la oficina jurídica norteamericana Miller & Chevalier con otras doce firmas latinoamericanas. Sin que resulte sorprendente, los partidos políticos fueron identificados como los más corruptos del sector público en Chile, según las respuestas de 637 clientes, entre ejecutivos y fiscales de empresas y de 14 estudios de abogados de América. Un 54% de los encuestados en el país los identificó con un nivel de corrupción "significativo". 52% de los encuestados consideran que han perdido negocios, debido a que sus competidores han pagado sobornos.

Como aspecto positivo- el equivalente del coloquial "menos mal"- se señala igualmente que este porcentaje es "significativamente inferior" a la media de la Región, atribuyendo esta circunstancia a la extensa cobertura que han tenido los casos judiciales de financiamiento irregular de campañas políticas, aunque se percibe que el Gobierno no realiza las investigaciones pertinentes.

Hay herramientas utilizadas por las empresas para combatir la corrupción, como resguardos relativos a regalos y entretenimientos para servidores públicos, más una serie de procedimientos para reducir los riesgos de soborno por terceras personas, además se ha hecho evidente la necesidad de implementar capacitación intensiva sobre el particular.

Es justo aclarar que este fenómeno no es reciente, una publicación de la Revista de Sociología, del año 2007, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, anota que entre 1983 y el año 2003 había 282 procesos en los tribunales sobre estos casos, afectando entidades de todos los niveles del sector público, ilustra igualmente sobre el número de artículos sobre corrupción aparecidos en la prensa, mientras que en el año 2001 se había publicado 1.717 artículos, en el año 2006 aparecieron 4.198.

Si se estudia el caso chileno con mayor detenimiento, se puede concluir que la corrupción está creciendo aceleradamente y la probidad que caracterizó al país ya es sólo un reflejo del pasado. Puede que sea solo resultado de mayor control, pero el desafío de garantizar la rectitud no puede dejarse para después.