A diferencia de autoridades nacionales cuyas actuaciones podrían resultar distantes y de impacto por definir, las acciones de nuestros representantes locales tienen efectos próximos y sustantivos para nuestro devenir.
El derecho de sufragio es la potestad o facultad que tienen todos los ciudadanos, o ciudadanas- estas últimas solo a partir de la creación de la ley Nº 5357 de 1934 que les daba derecho a las mujeres a elegir y ser elegidas en sufragios municipales- para expresar su voluntad política y hacer efectiva, mediante el voto, su participación en el proceso de conformación de los órganos de gobierno. La Constitución chilena en su artículo 15 lo describe como personal, igualitario, secreto y voluntario.
El conjunto de ciudadanos con derecho a voto, conforman el padrón electoral, que tiene su base en el principio fundamental de la soberanía popular, lo que significa la pertenencia del poder al pueblo, es decir, que el pueblo es el origen de todo poder, el que es ejercido a través de los órganos del Estado. En consecuencia, el poder del Estado emana del pueblo el que, en un sistema democrático participativo, delega su ejercicio a sus mandatarios y representantes, una responsabilidad que no termina en elegirlos, sino que contempla una permanente participación.
Ad portas de una elección municipal cargada de oblicuos significados, ya que sus resultados alimentarán incansablemente la prolífica creatividad de sus intérpretes, se ha expresado fundados temores a una alta abstención, que la gente opte por ausentarse de las urnas, que renuncie a este fundamental derecho, conseguido a costo enorme tras siglos de búsqueda por más justicia y efectiva participación en las decisiones que comprometen a todos.
Existe claramente una preocupación ante la posibilidad de que una gran cantidad de personas, jóvenes en su mayoría, decidan renunciar a ejercer su derecho al voto, por los más diversos motivos: cansancio, indiferencia, decepción, entre posiblemente muchos otros. La fuerza de esas posiciones, derivadas de un ambiente de desconfianza e incluso irritación hacia las instituciones y sus representantes, parece haber llegado a un punto tal que se tiende a olvidar que vivimos en una sociedad democrática.
Se deja de apreciar que vivir en democracia es un auténtico privilegio, si no se valora, es que no se entiende el compromiso de vivir en una sociedad libre, si se opta por no votar, aparte de renunciar a un derecho fundamental, se falta al deber de aportar a la posibilidad de cambio, rechazar el derecho al voto es rechazar la misma democracia que permite esa forma de expresión.
El obispo de Iquique lo hace saber en carta abierta, "para que quienes sean elegidos representen eficazmente la voluntad ciudadana, es muy importante nuestra participación ciudadana por medio del voto… hagamos valer nuestra voz por medio del sufragio, para luego acompañar a las autoridades elegidas sabiendo reconocer sus logros, exigiendo el cumplimiento de sus promesas".
Las autoridades municipales tienen una incidencia inmediata en nuestras vidas como ciudadanos de las respectivas comunas, sus decisiones pueden afectar para bien o para mal nuestros proyectos individuales y familiares, sus capacidades son críticas a la hora de construir las ciudades donde vivimos nosotros y nuestros hijos.
A diferencia de autoridades nacionales cuyas actuaciones podrían resultar distantes y de impacto por definir, las acciones de nuestros representantes locales tienen efectos próximos y sustantivos, elegirlos no es de ese tipo de tarea a la cual se puede renunciar o livianamente, delegar a otros.