La primera interpretación, falta de orden o prolijidad, es una opción optimista. La segunda es a todas luces más cáustica, que se trate de ocultamiento deliberado de datos para evitar el descubrimiento de malas prácticas.
La primera interpretación, falta de orden o prolijidad, es una opción optimista. La segunda es a todas luces más cáustica, que se trate de ocultamiento deliberado de datos para evitar el descubrimiento de malas prácticas.
Es innegable que se trata de una oportunidad muy evidente de plantear de qué manera la municipalidades y sus representantes se han comportado de acuerdo a la Agenda de Probidad, toda vez que es esta una de las áreas más rezagadas de las propuestas de la Comisión Engel, precisamente la de probidad y fortalecimiento de municipios.
Por lo mismo, se hace indispensable recordar que las propuestas de la Comisión pasaba por disminuir la discrecionalidad de los alcaldes para adoptar ciertas decisiones; limitar su reelección; mejorar la eficiencia y control del uso de los recursos públicos; lograr que los municipios cuenten con personal capacitado y profesional –y no designado políticamente- para realizar sus labores; y aumentar la transparencia en su actuar con mayores controles externos.
La relevancia de estas buenas prácticas es inmediata y obvia, los municipios son la primera cara del Estado ante el ciudadano en la prestación de diversos servicios a la ciudad y sus habitantes, en salud, educación, aseo urbano, por lo cual su desempeño impacta directamente la vida cotidiana y además, de faltar determinados estándares o regulaciones, son más proclives a desvíos de recursos públicos o corrupción.
En una publicación capitalina se resume el resultado del análisis efectuado por el Consejo para la Transparencia del Registro de la Agenda Pública de los gobiernos comunales en los últimos 14 meses, es decir desde que se implementó la Ley de Lobby para alcaldes y concejales, lo cual obliga a dejar registro accesible las vinculaciones de las autoridades edilicias como tales con diversos actores de la sociedad.
Se trata de revisar los datos de la plataforma electrónica Infolobby, la cual registra los antecedentes reportados por las autoridades, respecto de audiencias, viajes y donativos, durante el periodo 28 de agosto de 2015 al 30 de septiembre de este año. Al efectuar esta revisión se detecta que el 13% de los municipios no ha informado ninguna reunión de alcaldes, lo que equivale a 45 municipalidades. En 133 municipios sus alcaldes han reportado menos de una audiencia en los 14 meses, por su parte, durante el primer semestre de 2016, el 58,5% de los concejales no informó audiencias.
En lo relativo a viajes, el Consejo detectó diferencias entre el costo total en los traslados y la suma del desglose informado. En el primer semestre de 2016, en 140 municipios no cuadran sus costos totales. Existen 2.032 viajes que tienen repeticiones, de igual modo, durante el primer semestre de 2016, en el ámbito municipal fueron registrados 2.808 viajes (6,4% del total) realizados en 2015. Por último, se revela que 49 municipios no reportaron información de sus alcaldes al respecto, lo que representa un 14,2%.
Es muy posible que falte madurar en la cultura de registrar las actividades afectas a la ley del lobby, pero es una ley que tiene especial importancia en medio de una crisis de confianza de las comunidades hacia sus autoridades. Hay que entender que la primera interpretación, falta de orden o prolijidad, es una opción optimista. La segunda es a todas luces más cáustica, que se trate de ocultamiento deliberado de datos para evitar el descubrimiento de malas prácticas. Esta sola insinuación puede mover a indignación de los involucrados, pero para este país, viejo ya en las maniobras dudosas, es indispensable que las cuentas estén claras y el chocolate espeso.