Asumamos que se trata de una vergüenza nacional y que hay cuentas pendientes de una enorme magnitud que no se pueden cerrar antes de intentar hacerlas de nuevo.
Los hechos conocidos durante la tardía investigación del servicio de protección al menor, Sename, ha dejado de manifiesto una de las características más oscuras de los servicios públicos, la posibilidad más que concreta de desarrollar una actitud de rutina, de perfecta indiferencia, de transformar los seres humanos en cifras, carpetas y papeles en interminables archivos, ordenados, clasificados y para efectos prácticos, inútiles.
Las circunstancias escuetas son dolorosas; a nivel nacional, 1.313 niños y adolescentes residentes del Servicio han muerto entre 2005 y junio de 2016. En nuestra región se desconoce el número de casos ocurridos entre 2005 y 2013, ya que la investigación sobre estas defunciones se realizó en Santiago. Solo se sabe, según la dirección regional de Bío Bío, que en la zona la cifra asciende a 124 niños y adolescentes fallecidos en el periodo 2014 y 2016, se supone que existe información anterior en la plataforma del Servicio, a la cual esa la Dirección declara no tener acceso y desde luego parece que no le ha llamado la atención como para hacer ni siquiera un modesto estudio.
En cuanto a las cifras regionales de 124 fallecidos, 93 eran menores y 31 eran adultos, en el sistema de protección en residencial y ambulatorio y otros juveniles y adultos de la justicia juvenil y cumpliendo sentencia en medio libre. En total, en el sistema de protección murieron 68 jóvenes y niños y en el sistema de justicia juvenil 56, en esos dos años.
Según la información publicada en este medio, los fallecimientos anteriores son desconocidos por la jefatura local, se debe entender entonces que no dejan huella en los registros ya que los datos son transferidos al nivel central. Una situación muy difícil de comprender, ya que se requiere, para ese nivel de desinformación, de un grado impresentable de indiferencia al destino de los niños puestos a su cuidado. Lo esperable habría sido que cada muerte hubiera obligado a una profunda, por no decir alarmada, revisión de los procedimientos o los recursos, los cuales sólo ahora aparecen como eventual explicación.
Nuestro medio publicó igualmente los resultados de investigar sobre la causa de los fallecimientos de algunos de los menores, ocurridos en los años sobre los cuales se tiene conocimiento; traumatismos encéfalo craneanos, falla orgánica múltiple, paro cardio-respiratorio; asfixia por obstrucción de la vía aérea; insuficiencia cardiaca congestiva grave, que debieron ser motivo de una legítima preocupación.
Mención aparte es la muerte, generalmente violenta de los cinco adolescentes, afuera de los centros donde estaban recluidos en el sistema de justicia juvenil, por homicidio, por enfrentamiento con carabineros o suicidio, una triste consecuencia de un programa que fracasó en reinsertarlos a la sociedad.
Se ha descrito esta situación como falta de cumplimiento del Estado, en la última línea es exactamente así, por nombrar personas sin criterios técnicos, favoreciendo equilibrios políticos, con dudosa credibilidad de los procesos de selección, sin embargo, esta es una salida demasiado fácil y anónima ante una realidad que tiene responsables individuales, autoridades que no cumplieron, que fueron inexcusablemente negligentes, o simplemente indiferentes, toda vez que los niños no votan. Asumamos que se trata de una vergüenza nacional y que hay cuentas pendientes de una enorme magnitud que no se pueden cerrar antes de intentar hacerlas de nuevo.