Heráclito de Efeso decía que nadie se baña en el mismo río dos veces, porque cambian el río y quien se introduce en él. La reflexión es aplicable a la pesca, que vuelve a navegar en aguas profundas a tres años que una ley pretendiera mantenerla en un mismo curso por dos décadas.

La relación entre política y dinero levantó oleaje apenas cinco meses después que la norma comenzara a regir, cuando en mayo de 2013 se acusó a la diputada Marta Isasi de recibir pagos de una pesquera. Luego, en 2015, las indagatorias prosiguieron sobre Jaime Orpis, hoy con arresto domiciliario.

Desde entonces, la corriente no da tregua: el ex ministro Pablo Longueira, empresas, gremios y parlamentarios de distintas regiones requeridos por la Fiscalía, incluso con petición de documentos contables.

A más de tres años del primer destape, las aguas están lejos de aquietarse. Lo testimonia la tempestad mediática entre el fiscal nacional y el regional de O’Higgins, que al margen del veredicto de la Corte Suprema en contra de Emiliano Arias ha opacado al Ministerio Público y dejado a su sucesor con un handicap en contra.

En paralelo, la decisión de la Fiscalía de perseguir la responsabilidad penal de Corpesca por delitos de cohecho, invocando la Ley 20.393, es otra señal de alerta al empresariado. La eventual comprobación de pagos irregulares podría derivar en multas, pérdida de beneficios fiscales (en este caso, la preciada licencia para pescar) o incluso la disolución de la personalidad jurídica. 

En lo gubernamental, el programa de Michelle Bachelet contempló en 2013 una revisión de la ley para que "se cautelen los intereses y demandas de todos los sectores involucrados". Sin embargo, ésta se mantuvo en carpeta hasta que la Cámara de Diputados declaró admisible la solicitud de nulidad de la norma ingresada por la bancada PC-IC en enero de este año.

Para ponerle atajo a quienes remaban por la derogación, el Ejecutivo no tuvo más alternativa que levantar una propuesta express. Claro está que no le ha sido fácil hacerla flotar en medio de la vorágine judicial, las revelaciones de correos electrónicos a borbotones en la prensa y el bajo perfil que empresas y políticos han adoptado ante las denuncias.

Miembros de la comisión parlamentaria para modificar la ley han admitido que en la instancia hubo visiones contrapuestas frente al proyecto de La Moneda, en especial respecto a qué hacer con las licencias de captura que se entregaron por 20 años a los industriales que hoy están en tela de juicio.

De hecho, el Gobierno anunció como carta principal el suprimir la renovación de esas concesiones, de manera de mostrar autoridad sin arriesgarse a una demanda por indemnizaciones. Por un lado, la propuesta gatilló el esperable descontento de las pesqueras y, por otro, el rechazo de los artesanales movilizados, quienes consideran insuficiente un cambio regulatorio a 16 años plazo.

La discusión que se avecina se asemeja a la de 2012, pero no es igual. Esta vez no se debatirá la conservación del recurso, sino su reparto; la arena será política más que científica y, con seguridad, la variable judicial no dejará a los parlamentarios indiferentes. El río y el bañista ya no son los mismos, porque la pesca ya se instaló fuera de los márgenes sectoriales de antaño.