Como ha sucedido otras veces, en el ánimo de dar una impresión de avance, se empieza por la parte más fácil, no importa si la secuencia lógica resulta errónea. En este caso, elegir autoridades regionales, lo que en la práctica podría parecerse más a una maniobra distractiva que a una auténtica voluntad de ceder poder a las regiones.

Desde muy temprano, como parte de la educación formal, se nos enseña a distinguir una secuencia de acciones, con diversos objetivos, puede ser el establecimiento de un programa, la planificación de un evento, incluso enhebrar una historia, el método consiste en determinar que es primero y que continúa, haciendo uso de lógica más bien elemental.

Quienes han sido sometidos a ese rigor deben experimentar auténtica sorpresa al ver que ciertas iniciativas gubernamentales, parecen haber olvidado que determinadas condiciones deben darse antes que otras sean efectivas, ha sucedido en múltiples oportunidades; financiamiento de la Reforma Educacional, por ejemplo, sin haber calculado que era primero, como el financiamiento, sin el cual se queda en buenas intenciones mucho de lo originalmente prometido.

Lo que no puede olvidarse en el proyecto de descentralización del país, como la propia denominación indica, es que el objetivo fundamental, el básico, el que le justifica, es dejar de tener todas las instancias de decisión, no importa cuán regionales, radicadas en la capital y que con el fin de usar con mejor propiedad los bienes del territorio nacional, se permita a las autoridades locales y a las comunidades que allí viven, trabajan y labran su futuro, hacer lo que es mejor, a sabiendas de las particulares circunstancias.

Es un cambio de tal envergadura que obliga a pensar nuevamente en el modo como se ha redactado esta materia en la constitución, que aunque no se trate de cambiar el concepto de país unitario, debe contemplar cómo, sin perder esa unidad, se entregue a las regiones mayores libertades y atribuciones.

La clase política enfrenta en dilema profundo; por una parte, algunos de los actores, como los parlamentarios, tienen establecidas en sus regiones sus bases electorales y esta fidelización se sustenta, la más de las veces, en las intermediaciones que realizan en bien de determinados colectivos y al tener las regiones más espacios de decisión, muchas de estas acciones dejan de tenerlos como agentes de primera línea, con la consecuente pérdida de poder e influencia.

Frente a ese escenario, las decisiones claves, es decir, determinar cuáles serían las atribuciones de las autoridades regionales, tienen muchas posibilidades de transformarse en una discusión interminable. Como ha sucedido otras veces, en el ánimo dar una impresión de avance, se empieza por la parte más fácil, no importa si la secuencia lógica resulta errónea. En este caso, elegir autoridades regionales, lo que en la práctica podría parecerse más a una maniobra distractiva que a una auténtica voluntad de ceder poder a las regiones. Un proyecto que ha gatillado entusiastas iniciativas de los parlamentarios, porque este cambio no significa nada para sus bases electorales, las cuales siguen dependiendo de sus capacidades para obtener resultados actuando a nivel central.

Por otra parte, ha surgido el temor original, la advertencia de la posible generación de polvorines en aquellas regiones donde la existencia de dos autoridades. Una designada por el ejecutivo y otra elegida por la ciudadanía regional, puedan estar en desacuerdo, la existencia de la denominada cohabitación, que podría o no ser pacífica, otro factor que está sobre la mesa de las polémicas. Con todo aquello por resolver, resulta desconcertante la prisa por legislar para la elección de intendentes, así como está conformado el escenario, la elección resulta a lo menos irrelevante.