Con regularidad insistente, la sociedad se entera de los casos de mala administración de los recursos del Estado. Las normas siempre han sido claras, pero suelen repetirse los usos indebidos de vehículos fiscales y una serie de otras transgresiones tanto a la norma como a la ética. Por ende, el país toma consciencia de denuncias graves que incluyen el uso abusivo de facultades reglamentarias, infracciones al deber de cuidado y uso de bienes públicos, comisiones de servicio para fines personales, viajes de dudosa relevancia para el bien común.

La asignación de fondos estatales que buscan fomentar el desarrollo deben seguirse por las mismas reglas de prudencia y respecto con los recursos que son de todos los chilenos. El país ha conocido casos de consultoras y empresas de fachada que logran acaparar grandes cantidades de fondos que finalmente se evaporan sin presentar resultados concretos y sin que nadie los controle.

A los servidores públicos les asiste el imperativo deber de salvaguardar, custodiar, los recursos y bienes públicos que les han sido confiados en el ejercicio del desempeño de sus funciones. Por ende, la apropiación de éstos, la asignación distinta a lo que fue destinado, el uso indebido y otras prácticas implican un comportamiento reprochable, teniendo en cuenta además que la utilización de los recursos y bienes debe ser razonable, en manera alguna puede ser producto de intereses, oportunidad y provecho personal, pues constitucional y legalmente está prohibido. La utilización indebida de éstos o permitir que ello ocurra, indiscutiblemente riñe y se contradice con el normal funcionamiento de la administración pública.

AQUINO