Es posible entender el sentimiento de satisfacción de los ciudadanos proponentes de la nueva Región de Ñuble por el avance de su proyecto de independencia, largamente esperado y objeto de concienzudos estudios y acalorado debate. Está más cercano el momento de hacer valer la argumentación sobre la cual se basó esta propuesta que divide la actual Región del Bío Bío.

El objetivo original del proyecto es modificar la división política y administrativa del país, en esta situación en particular, mediante la creación de la XVI Región de Ñuble, en la parte del territorio que actualmente tiene la provincia homónima. La principal argumentación para esta iniciativa ha sido reconocer que sus habitantes poseen dinámicas culturales y espaciales muy distintas a las de la actual capital regional, por tanto, la creación de esta nueva región permitirá diseñar e implementar estrategias de desarrollo generadas e impulsadas por sí misma, teniendo en consideración sus particulares características, tanto como la individualidad y potencialidad de sus localidades.

Un paso decisivo ha sido la aprobación por unanimidad por parte de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado, del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que crea la XVI Región de Ñuble y las provincias de Diguillín, Punilla e Itata, la instancia que sigue es la discusión del proyecto por la Comisión de Hacienda en el Senado y de allí a la votación en la Sala, de ser aprobado, ingresará a su segundo trámite constitucional, en la Cámara de Diputados.

Fueron testigos de esta etapa de la gestión legislativa una delegación de cinco Consejeros Regionales, una excelente oportunidad para evaluar de manera directa los principales enfoques, tanto aprobatorios como de resguardo de los parlamentarios, opiniones que deben ser, en ambos casos, tenidas en cuenta, ya que expresan desde una perspectiva más alejada los factores de oportunidad y de amenaza en un proyecto de esa envergadura y proyección. 

La primera de las observaciones tiene que ver con la necesidad de entregar mayores atribuciones y recursos a ésta eventual nueva región y a todas las demás, en el marco de una verdadera descentralización. Algunos parlamentarios votaron negativamente, aclarando que si bien es cierto son partidarios de la descentralización y fortalecimiento de las regiones, esto será realmente posible cuando éstas tengan las reales atribuciones y recursos para actuar de modo autónomo. Se ha mencionado también como resguardo la posibilidad de microrregionalización, la pérdida de fuerza para competir con macrorregiones, como la Metropolitana, al continuar dividiendo las regiones actuales.

En realidad, la condición faltante en cualquier escenario, de grandes o pequeñas regiones, es la voluntad de actuar en concierto, en la insatisfactoria capacidad de trabajar armoniosamente para aprovechar las ventajas particulares de cada rincón del territorio, de coordinar esfuerzos para llevar adelante grandes proyectos de interés común, la limitación frustrante desde tiempos de Bolívar, en la escala latinoamericana y ahora a nivel nacional. El auténtico desafío es aunar esfuerzos con equidad para los participantes, el buen negocio donde todos ganen, de lo contrario la nueva región puede tener asimetrías entre sus integrantes y ser una réplica de centralismo, solo que a menor escala.