Para un ciudadano común puede resultar inexplicable el renacido entusiasmo por la elección de intendentes, el acalorado debate y las negociaciones trabajosas para encontrar salida a una discusión que, bien mirada, ha dejado postergado el asunto más importante; los atributos de esa figura de autoridad una vez elegida democráticamente en las regiones.

Las declaraciones enfáticas de algunos personeros asocian este acuerdo con la descentralización, cuando en realidad es ésta y no la autoridad que se elija, la primera prioridad. Así como está es una suerte de argucia, otorgar reinado sin reino. Una nueva forma de equivocar las prioridades, que ha mantenido, como ejemplo del mismo orden, a los consejeros regionales, hasta el día de hoy, en una nebulosa en cuanto a lo que se supone pueden o no hacer.

Es entonces difícil compartir la complacencia del ministro del Interior, Mario Fernández, al informar que el Ejecutivo apoyará finalmente la fórmula que permite la elección directa de un intendente con un mínimo del 40% de los votos, asociando este acuerdo a un paso importante para sacar adelante la agenda de descentralización.

El mecanismo había entrampado la tramitación del proyecto de elección directa de intendentes, a raíz de las resistencias que en la oposición generaba el diseño original del Gobierno de exigir la mayoría absoluta de los sufragios para resultar electos, con una segunda vuelta entre las dos primeras mayorías si ningún candidato lograba el 50% más uno de los votos, en consecuencia, este acuerdo deja insatisfechos a quienes esperaban una mayor representatividad de los que eventualmente resultaran electos.

Sin tener claro el destino de esta autoridad, con competencias por definir, en circunstancias que la misma ley dispone que seguirán existiendo los actuales gobernadores provinciales, pero ahora como "delegados provinciales presidenciales" designados por el Presidente, con funciones de gobierno interior, como el orden público, extranjería y el resguardo de fronteras, además de coordinar los servicios públicos no descentralizados. 

Se supone que en todo lo demás actúa la máxima autoridad regional, "que mire más hacia sus ciudadanos que hacia Santiago. Va a ser responsable directamente frente a ellos", según Ricardo Cifuentes, subsecretario de Desarrollo Social del Ministerio del Interior, quien acota "en la historia de Chile nunca ha habido un representante ciudadano elegido directamente a nivel nacional, salvo en la comuna. Lo que va a haber aquí es un cambio muy profundo". Con mayor cautela el senador RN Alberto Espina, advierte que elegir a un intendente sin ninguna competencia sería un engaño a la ciudadanía. 

Volviendo al asunto central, este tipo de escaramuzas políticas sería explicable si las funciones del intendente tuvieran un marco establecido, un trazado transparente de sus competencias, de sus atribuciones en el marco de una descentralización administrativa, lo que conlleva un relativo grado de autonomía en la toma de decisiones y los recursos para llevar las iniciativas y proyectos a un responsable buen término.

Es indispensable que esta nueva autoridad regional tenga facultades para aplicar las políticas desde el nivel comunal hacia el regional y nacional, justamente a la inversa de lo que ocurre en la actualidad, la aplicación de políticas nacionales que resultan inútiles o inconvenientes en el nivel local.